El gobierno de la provincia de Buenos Aires intimó a Mercado Libre a modificar de manera urgente sus términos y condiciones tras detectar una serie de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de sus usuarios. La compañía fundada por Marcos Galperin tiene un plazo perentorio de cinco días hábiles para responder a la exigencia. De no rectificar estas prácticas, que vulneran frontalmente la Ley de Defensa del Consumidor, la plataforma podría enfrentar una sanción máxima de hasta 1.815 millones de pesos.
La fiscalización, impulsada por el Ministerio de Producción bonaerense que conduce Augusto Costa, abarca irregularidades tanto en el ecosistema de Mercado Libre como en su brazo financiero, Mercado Pago. Las infracciones detectadas violan el artículo 37 de la Ley 24.240, el cual prohíbe taxativamente aquellas disposiciones que desnaturalicen las obligaciones de las empresas, limiten su responsabilidad ante daños o restrinjan los derechos de los usuarios.
El catálogo de las infracciones
El equipo de la Dirección de Defensa al Consumidor constató un abanico de prácticas irregulares impuestas de manera unilateral a los clientes. Entre las más graves, se destacan:
- Cobros opacos: Habilitación para aplicar tarifas sin especificar montos ni condiciones previas.
- Modificaciones unilaterales: Cambios en los términos del contrato que se dan por aceptados con el mero uso de la plataforma, sin requerir el consentimiento expreso del usuario.
- Deslinde de responsabilidad ante fraudes: El contrato hace al cliente único responsable por hackeos o accesos no autorizados, eximiendo a la empresa de su deber legal de garantizar la ciberseguridad del servicio.
- Embargos de facto: Mercado Pago se reserva el derecho de tomar fondos de la cuenta de un usuario para saldar deudas de terceros que la empresa defina discrecionalmente como “cuentas relacionadas”, afectando a personas ajenas al contrato original.
- Privatización de la justicia: Obligación de que todos los usuarios del país litiguen exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cercenando el derecho de reclamar en su propia jurisdicción.
El peso de las denuncias y el contexto político
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, aclaró que la intimación es el resultado de un trabajo técnico y cotidiano, alejado de cualquier revanchismo político. “Nosotros no tenemos una actitud antiempresa, todo lo contrario. Pero si las pymes cumplen con todas las normas, por qué no deberían hacerlo las grandes”, sentenció el funcionario.
El llamado de atención a Mercado Libre no es un caso aislado. La Provincia ya aplicó esta misma lupa sobre gigantes como Netflix, Flybondi, HBO y Omint. Mientras que algunas empresas, como Netflix, accedieron a corregir sus contratos sin llegar a instancias punitivas, otras enfrentaron duras multas. Fue el caso de Flybondi el año pasado, que debió desembolsar más de 300 millones de pesos tras acumular un patrón de incumplimientos y más de 1.800 reclamos.
El escenario para la empresa de Galperin es complejo: solo en el primer cuatrimestre de 2026, Mercado Libre encabeza el ranking de quejas individuales en Defensa al Consumidor bonaerense, acumulando 2.396 denuncias. La mayoría de los usuarios reportan fraudes, dinero desaparecido, obstáculos en la política de “Compra Protegida” y trabas para ejercer el derecho legal de arrepentimiento.
Ahora, la pelota está en la cancha del gigante del comercio electrónico. En los próximos cinco días se definirá si la firma adopta una postura reparatoria para ajustarse a derecho o si el conflicto escala hacia una de las multas más onerasas impuestas por la Provincia en materia de consumo.
