BUENOS AIRES. El Gobierno nacional adjudicó la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al grupo empresario conformado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX —liderado por el empresario Mauricio Filiberti—, tras presentar una oferta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones de la compañía. La propuesta superó a la de su principal competidor, el grupo encabezado por Roggio SA, que había ofertado US$285 millones.
El acuerdo contempla que el 10% restante de la empresa continúe en manos del sindicato conducido por Omar Lingeri, mientras que el consorcio ganador asumirá además una deuda heredada de US$70 millones. Aunque la cifra final se ubicó por debajo de los US$500 millones pretendidos inicialmente por el Ministerio de Economía, la operación marca el traspaso de la mayor empresa de distribución de agua y saneamiento del país al sector privado.
Diagnóstico oficial y críticas a la gestión estatal
Al oficializar la adjudicación mediante un comunicado, la administración nacional cuestionó con dureza el funcionamiento histórico de la empresa bajo administración estatal, calificándola de “modelo de disfunción administrativa”.
Según los datos difundidos por el Ejecutivo:
- Entre 2006 y 2023, la firma recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones.
- Un tercio del área concesionada continúa sin acceso a agua potable y cloacas.
- Las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en el 42%.
- La morosidad escaló del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron un 80%.
Compromisos de inversión y plan de obras (2027-2031)
Por su parte, el holding adjudicatario —que designó a la brasileña Arcos Saneamento e Participações S.A. (Grupo Equipav) como “Operador Técnico”— ratificó un ambicioso plan de desembolsos a lo largo del contrato de 30 años:
- Inversión inicial: Se comprometieron US$1.940 millones durante los primeros cinco años.
- Inversión total: El plan global asciende a US$15.040 millones a lo largo de toda la concesión.
- Plan de Acción (2027-2031): Implica una asignación de $2,89 billones (a valores de diciembre de 2025 y sin IVA), desglosados en $1,13 billones para obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones para operación.
Metas de cobertura estipuladas
El contrato fija exigencias estrictas de expansión para los próximos años:
- Hacia 2031: Alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas.
- Cierre del período inicial: Las redes deberán cubrir como mínimo al 90% de la población en agua y al 75% en saneamiento cloacal.
Para que la adjudicación quede firme de manera definitiva, aún resta la revisión final y el dictamen de la Comisión de Evaluación.
