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Chaco Lidera la Actualización en Evaluación de Discapacidad a Nivel Nacional

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Resistencia, Chaco – La provincia de Chaco se ha posicionado a la vanguardia en materia de derechos y políticas de inclusión al ser la primera jurisdicción del país en actualizar las prácticas de sus Juntas Evaluadoras de Discapacidad. Este hito se alcanzó gracias a un innovador programa de capacitación que, durante un año, modernizó los protocolos vigentes desde hace más de tres décadas, alineándolos con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El programa, una iniciativa del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), contó con el apoyo de la Fundación Itineris y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Más de 30 profesionales de las juntas evaluadoras y de prestadores del organismo participaron en esta formación integral, que combinó encuentros presenciales, trabajo colaborativo y módulos virtuales.

Una Modernización con Sello Propio

Ana María Mitoire, presidenta del IPRODICH, destacó la relevancia de este avance: “Representa un gran plus de calidad institucional. Nos motiva a seguir trabajando en pos del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que desde el organismo debemos proteger”. Por su parte, el consultor externo Diego González Castañón subrayó el carácter único del proyecto: “Chaco es la primera provincia donde se realiza este tipo de actualización. Lo innovador es que los propios profesionales propusieron cambios desde sus saberes y experiencias”.

La consultora Andrea Aznar, a su vez, valoró el compromiso del equipo técnico y el enfoque horizontal de la capacitación. “No solo se capacitó, sino que se generó producción propia dentro de las juntas, en un marco de horizontalidad y participación real”, afirmó.

Entre las principales conclusiones del programa se destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre las Juntas Evaluadoras, otros organismos estatales y diferentes áreas de gobierno. El objetivo es que la valiosa información generada en estos procesos se convierta en un insumo clave para la creación y mejora de políticas públicas verdaderamente inclusivas.

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