El Ministerio de Educación del Chaco implementó un nuevo marco normativo para la validación y registro de postítulos docentes, con el objetivo de garantizar la transparencia y el rigor legal en los puntajes que otorga la Junta de Clasificación. La medida, respaldada por un nuevo decreto provincial alineado con las pautas del Consejo Federal de Educación, establece que cada oferta formativa deberá ser examinada por una comisión evaluadora técnica. En paralelo, la cartera educativa detectó irregularidades en la documentación presentada por algunos aspirantes, lo que derivó en la apertura de sumarios administrativos y el inicio de denuncias penales.
La subsecretaria de Descentralización, Marta Fassano, explicó que la decisión busca otorgar mayor solidez jurídica al sistema tras haberse retrotraído una normativa previa por orden judicial. Según precisó la funcionaria, las resoluciones reglamentarias se encuentran en proceso de emisión y exigirán que tanto las entidades oferentes como los postítulos se sometan de forma obligatoria a la evaluación técnica antes de su registro formal.
En el marco de las revisiones habituales, las Juntas de Clasificación detectaron maniobras de adulteración documental en las que se modificaban los datos filiatorios de certificaciones legítimas para presentarlas a nombre de terceros. Ante la identificación de irregularidades, las actuaciones son derivadas a la Dirección de Títulos de Equivalencia, organismo encargado de verificar si la trayectoria académica fue efectivamente cursada por la persona solicitante.
Como consecuencia de estos hallazgos, el Ministerio activó protocolos disciplinarios que contemplan la suspensión cautelar del puntaje otorgado por los postítulos investigados mientras se desarrollan los sumarios administrativos. Asimismo, al tratarse de la falsificación de documentos públicos, los casos detectados serán remitidos a la justicia penal. Al respecto, Fassano apeló a la ética profesional de la comunidad docente, enfatizando que estos hechos constituyen actos de corrupción que atentan contra la dignidad de la función educativa y la transparencia del sistema.
