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La magnitud de la tragedia ha quedado grabada en la memoria colectiva chilena como el “sábado negro”.

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El devastador incendio que azotó el pasado fin de semana a diversas áreas de las comunas chilenas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache ha dejado un saldo doloroso: 131 personas fallecidas, más de 15 mil hogares reducidos a cenizas y miles de personas desplazadas, enfrentando la pérdida total de sus pertenencias. Estas cifras sitúan a este incendio como el segundo más mortífero en lo que va del siglo XXI a nivel mundial, solo por detrás del trágico suceso que golpeó a Australia en 2009, cobrando la vida de 173 personas.

El incendio, originado en la reserva natural del lago Peñuelas y extendido hasta áreas urbanas, ha generado una devastación sin precedentes. Este desastre se suma a otros episodios similares que han marcado la historia reciente, como el catastrófico incendio en el estado de Victoria, Australia, en febrero de 2009, que arrasó con más de 10 millones de hectáreas y causó la muerte de miles de animales.

En tercer lugar en este desafortunado ranking se encuentra el incendio que arrasó Grecia en julio de 2018, cobrando la vida de 103 personas y destruyendo 1,200 hectáreas en una zona costera cerca de Atenas. Otros eventos trágicos incluyen los incendios forestales en Hawái el año pasado, donde 100 personas perdieron la vida en la isla de Maui, según reportes del New York Times.

El Gobierno chileno ha respondido a la emergencia anunciando una serie de medidas de ayuda. Entre ellas se encuentra la entrega de bonos en efectivo para los afectados, como el “Bono de Recuperación”, que se comenzará a distribuir a partir del viernes 9 de febrero. Este bono será otorgado en dos tramos, dependiendo del grado de afectación sufrido por las víctimas.

Además, se ha anunciado el “Bono de Acogida” destinado a personas que, debido a la pérdida de su vivienda, necesiten ser alojadas en otro lugar con ayuda estatal para financiar su estancia. Este bono será de 10 UF (alrededor de $317,000), dirigido tanto a propietarios de viviendas perdidas en la catástrofe como a aquellos que han sido alojados en campamentos gestionados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Otra medida importante es la implementación del “Bolsillo Electrónico de Emergencia” en reemplazo de la tarjeta de materiales proporcionada anteriormente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Este bono permitirá la adquisición de materiales para la reparación de viviendas con daños leves o moderados, con un monto de 50 UF (cerca de $1,830,000). La entrega de viviendas de emergencia estará a cargo del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senapred), con un stock disponible de 300 viviendas y una capacidad de producción de 400 por semana, según indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

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