El Ministerio Público de Venezuela confirmó que el gendarme argentino Nahuel Gallo está siendo procesado bajo cargos de terrorismo, asegurando que se cumplieron los plazos procesales estipulados en el Código Orgánico Procesal Penal del país. Según un comunicado firmado por el fiscal general Tarek William Saab, la detención de Gallo está vinculada a una supuesta pertenencia a un grupo asociado a la “ultraderecha internacional”, que habría planeado actos desestabilizadores desde territorio venezolano.
Posición del régimen venezolano
El fiscal Saab acusó al gobierno argentino de complicidad con estos supuestos planes subversivos, mencionando acciones judiciales en Argentina, como una resolución de la Cámara Federal de Mendoza, que según él, respaldarían las acciones de los familiares de Gallo para debilitar al Estado venezolano. El comunicado sostiene que Gallo intentó ingresar irregularmente al país, ocultando sus presuntos planes bajo el pretexto de una visita personal.
Respuesta desde Argentina
En conferencia de prensa, Patricia Bullrich, Gerardo Werthein y familiares de Gallo desmintieron las acusaciones del régimen. Aseguraron que el ingreso de Gallo fue legal y que su viaje fue realizado bajo una licencia ordinaria aprobada por la Gendarmería Nacional. Además, Bullrich calificó a Saab como mentiroso y desestimó las acusaciones de una misión subversiva.
Bullrich también denunció al exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por “traición a la patria”, acusándolo de entorpecer las gestiones diplomáticas mediante el envío de una carta al régimen chavista en nombre de la familia del gendarme.
Situación actual
El caso ha intensificado la tensión diplomática entre Argentina y Venezuela. Mientras la justicia argentina exige al régimen de Nicolás Maduro información sobre el paradero y las condiciones del gendarme, el gobierno venezolano mantiene su postura de vincular a Gallo con actividades terroristas.
El desarrollo de este caso podría tener implicaciones significativas para las relaciones bilaterales y las políticas de derechos humanos en la región.
