WASHINGTON D.C., EE.UU. En una escalada sin precedentes en la intervención federal de la seguridad local, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado a unidades de la Guardia Nacional en Washington a portar armas de fuego. Mientras patrullan la capital, el mandatario ha redoblado su ofensiva, amenazando con extender el despliegue militar a grandes ciudades gobernadas por demócratas como Baltimore, Chicago y Nueva York, lo que ha desatado una fuerte confrontación política.
Armas de fuego y un despliegue sin precedentes
La decisión de armar a los efectivos, que hasta ahora solo cumplían una función disuasoria visible, fue confirmada por un funcionario del Departamento de Defensa bajo la condición de anonimato. La medida permite que los soldados porten pistolas M17 o fusiles M4, aunque se especifica que su uso estará bajo estrictas normas y entrenamiento previo. El despliegue de la Guardia Nacional, que incluye a más de 2.200 efectivos de seis estados, se inició el 11 de agosto, cuando Trump declaró una “emergencia criminal” en la capital.
La acción ha provocado una inmediata reacción de la oposición demócrata, que acusa al presidente de utilizar la seguridad como una herramienta electoral y de “crear una crisis artificial” con fines políticos.
Confrontación con gobernadores y alcaldes demócratas
La advertencia de Trump de expandir la intervención a otras ciudades ha generado un choque directo con líderes demócratas. El gobernador de Maryland, Wes Moore, criticó duramente las acusaciones del presidente sobre la inseguridad en Baltimore, desmintiendo sus afirmaciones con estadísticas oficiales que muestran una disminución significativa del crimen. Moore, quien invitó a Trump a debatir sobre seguridad, afirmó que el presidente “vive en una ignorancia feliz” y está más interesado en la confrontación que en la cooperación.
La situación es similar en Chicago y Nueva York. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han rechazado de plano la idea de una intervención militar en sus ciudades, acusando a Trump de fabricar una crisis. Johnson ha anunciado que recurrirá a la Justicia para bloquear lo que calificó de “ocupación militar”.
Trump, por su parte, ha defendido su estrategia a través de su red social Truth Social, argumentando que la presencia militar ya ha dado resultados positivos en Washington, donde, según él, la delincuencia se ha reducido a “prácticamente cero”. Sin embargo, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, acusó al mandatario de no tener “base ni autoridad” para un despliegue de este tipo.
Críticas y rechazo ciudadano
La intervención de la Guardia Nacional ha alterado el día a día en Washington, con la presencia de patrullas militares en estaciones de metro y puntos neurálgicos. La decisión ha generado protestas y un fuerte rechazo entre los ciudadanos; una encuesta reciente reveló que ocho de cada diez habitantes de la capital se oponen a la medida de Trump de asumir el control de la policía local.
A pesar de las críticas, la Casa Blanca defiende la medida y asegura que la Guardia Nacional seguirá “protegiendo activos federales y brindando un entorno seguro”. La situación sienta un precedente preocupante sobre la relación entre el poder federal y los gobiernos locales en materia de seguridad, un ámbito que tradicionalmente ha sido prerrogativa de los estados.
