La actual administración del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda ha señalado que la gestión previa dejó inconclusas alrededor de 2.600 viviendas, con un total de 1.343 unidades entregadas de forma irregular en todo el territorio chaqueño. Muchas de estas viviendas aún se encuentran en proceso de construcción y no han sido finalizadas. La falta de infraestructura básica ha dejado a la mayoría de estas viviendas sin condiciones mínimas para la habitabilidad, careciendo de servicios esenciales como electricidad, agua, veredas, cloacas, apertura de calles, desagües pluviales y alumbrado público.
La entrega irregular de estas viviendas se vio empeorada por una intimación a las familias beneficiarias, exigiéndoles ocupar las viviendas en su estado actual en un plazo de 10 días, con la amenaza de ser desplazadas si no cumplían con esta demanda. Este movimiento, claramente electoralista, expuso la falta de escrúpulos del ex gobernador Capitanich y el ex presidente del IPDUV, Arévalo, forzando a muchas familias a habitar viviendas que no estaban en condiciones adecuadas, lo que constituyó un acto moralmente cuestionable, no solo para aquellos beneficiarios que en su mayoría obtuvieron sus viviendas de manera irregular, sino también para los más de 46.000 residentes chaqueños inscritos en el Instituto de Vivienda, quienes han estado esperando por años acceder a una vivienda digna.
Además, la administración actual del IPDUV ha afirmado que a mediados de 2023, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, observó que la provincia no había iniciado las obras de infraestructura necesarias, lo que llevó a exigir mediante cartas documento que el IPDUV comenzara la instalación de redes de agua, electricidad, apertura de calles, entre otras, para asegurar que las viviendas cuenten con todos los servicios esenciales una vez finalizadas las obras. Estas demandas fueron ignoradas por el Gobierno Provincial y el IPDUV.
Estas acciones revelan un claro incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos por parte de las autoridades del IPDUV, además de mostrar una falta de ética al jugar con las necesidades urgentes de las familias afectadas.
Por otro lado, el IPDUV enfrenta una significativa deuda con empresas constructoras por obras que debían ser financiadas con fondos provinciales, superando los 600 millones de pesos en certificados impagos de trabajos ya realizados, algunos de ellos con fecha de febrero de 2022. Si se actualiza el valor de la UVI, esta deuda se eleva a más de $1.200.000.000. Además, la deuda heredada en obras de infraestructura faltantes asciende a más de $25.000.000.000, siendo estas obras cruciales en los barrios que ya han sido entregados, muchos de los cuales aún están en construcción y han sido ocupados por familias, impidiendo así la continuidad de las obras.
En los últimos tres años, a través del Programa Mejorar, se han gastado anualmente un total de $1.700.000.000 de manera desordenada y sin controles adecuados, situación que actualmente está siendo investigada para detectar posibles irregularidades.
En cuanto al inventario de equipamiento del Instituto, se ha detectado la falta de una cámara fotográfica de marca Nikon, valuada en U$D 2.000, adquirida en abril de 2023, así como numerosas laptops y un proyector que, según registros anteriores, estaban asignados al Directorio del IPDUV.
Respecto a las líneas telefónicas otorgadas a empleados y funcionarios, el IPDUV ha seguido el curso de la situación general del gobierno provincial, solicitando y efectuando la baja de más de 30 líneas activas según corresponda.
