La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, anunció una nueva jornada de lucha para este miércoles, que incluirá una movilización al Congreso y marchas en diferentes ciudades del país. El sindicato estatal, que ha intensificado su postura contra el presidente Javier Milei, advierte sobre una creciente conflictividad social y señala que “la paz social estará gravemente afectada camino a la Navidad”.
Durante una reunión de su secretariado ampliado, ATE definió las acciones de protesta, que además de las movilizaciones, incluirán la instalación de carpas y mesas frente al Congreso. En estos espacios, el gremio buscará reunir firmas para exigir la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que consideran perjudicial para los trabajadores.
Aguiar, al dar a conocer las medidas, advirtió sobre el deterioro de las condiciones sociales en el país: “La Argentina es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. En el segundo semestre, los niveles de conflictividad van a aumentar y será muy difícil llegar a diciembre”.
Entre las principales demandas de ATE se encuentran aumentos salariales que superen la inflación, el rechazo al mega DNU de Milei, y la oposición a todos los proyectos de reformas laborales y penales que el gobierno busca implementar. Además, el sindicato exige el cese de despidos y la reincorporación de los trabajadores despedidos desde diciembre de 2023.
Aguiar calificó al gobierno de Milei como “el más autoritario de la democracia” y afirmó que las políticas de ajuste y desguace del Estado están llevando al país a una situación insostenible.
Las movilizaciones previstas para este miércoles se replicarán en las principales legislaturas provinciales y consejos deliberantes de todo el país, en un esfuerzo por visibilizar y fortalecer la resistencia contra las políticas del gobierno.
Entre las consignas de la jornada de protesta, ATE también destaca la defensa de los derechos de las mujeres, la oposición a la privatización de empresas públicas, y la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para garantizar los derechos de los jubilados.
