Horas después de una multitudinaria movilización de la comunidad educativa en defensa de la educación pública, el presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada previamente en el Congreso. El decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial el 3 de octubre, establece que el proyecto de ley queda vetado en su totalidad, bajo el argumento de que no contempla el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento necesaria para su ejecución.
El gobierno calificó la marcha como un acto “kirchnerista” y criticó duramente a los legisladores opositores que apoyaron la ley, señalando que la medida “atenta contra el equilibrio fiscal”. El comunicado oficial también acusó a los opositores de utilizar la universidad pública como un instrumento político, y reafirmó que cualquier discusión sobre el financiamiento universitario debe realizarse en el marco del Presupuesto Nacional 2025.
Milei enfatizó la importancia de no “gastar más de lo que ingresa” y tildó el proyecto de “irresponsable”. Asimismo, se acusó a la oposición de intentar dañar al gobierno políticamente mediante esta ley, argumentando que su implementación comprometería gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La decisión del Ejecutivo provocó un fuerte rechazo entre los sectores que participaron en la marcha, quienes defendieron la necesidad de un mayor financiamiento para las universidades nacionales en el país.
