El Consejo de Europa, compuesto por 46 Estados miembros, ha presentado el primer convenio internacional para regular el uso de la inteligencia artificial, permitiendo la participación de cualquier Estado, a diferencia de la normativa de la Unión Europea.
El viernes pasado, el Consejo de Europa, dedicado a la defensa de los derechos humanos, aprobó el primer tratado internacional que regula la inteligencia artificial. Este documento establece un marco legal que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, gestionando los riesgos y fomentando una innovación responsable.
Durante la reunión anual de los ministros de Relaciones Exteriores de los 46 Estados miembros, se adoptó el convenio. “Con este nuevo tratado, buscamos asegurar un uso responsable de la IA, respetando los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia”, afirmó Marija Pejčinović Burić, secretaria general del Consejo de Europa, según Euronews.
El tratado es fruto de dos años de trabajo del Comité de Inteligencia Artificial (CAI), que reunió a miembros del Consejo de Europa, la Unión Europea y otros 11 Estados (Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Japón, México, Perú, el Vaticano y Uruguay).
El convenio regula el uso de la inteligencia artificial tanto en el sector público como en el privado. Según el comunicado oficial, las partes pueden adherirse a las disposiciones del tratado o adoptar medidas alternativas compatibles con sus obligaciones internacionales en derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, ofreciendo flexibilidad según las legislaciones nacionales.
Además, el tratado establece requisitos de transparencia y supervisión según los contextos y riesgos específicos, incluyendo la identificación de contenidos generados por IA. Las partes deben identificar, evaluar, prevenir y mitigar posibles riesgos.
El convenio también promueve la igualdad, asegurando que la IA respete la igualdad de género, prohíba la discriminación y proteja la privacidad. Asimismo, aborda los riesgos de la IA para la democracia, requiriendo medidas para evitar que estos sistemas socaven las instituciones y procesos democráticos, garantizando la separación de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia.
Las partes no estarán obligadas a aplicar las disposiciones del tratado en actividades de seguridad nacional, pero deben garantizar el respeto al derecho internacional y los procesos democráticos.
A diferencia de la normativa europea aprobada recientemente, que se aplica exclusivamente a sus miembros, este convenio permite la adhesión de Estados no miembros de la Unión Europea. La firma del tratado está programada para el 5 de septiembre en Lituania.
