El Gobernador instruyó a la Fiscalía de Estado para solicitar la suspensión inmediata del proceso. Argumenta que el convenio firmado por Jorge Capitanich vulnera la autonomía municipal y la Constitución Provincial, generando un “perjuicio irreparable” para los habitantes.
Un conflicto de tierras con trasfondo legal
El gobernador Leandro Zdero anunció una medida clave para la localidad de Miraflores: la orden de suspender la escrituración del Lote 88. Tras un análisis técnico junto al ministro de Gobierno, Julio Ferro, el mandatario advirtió que el avance del trámite, tal como está planteado, representa un riesgo jurídico y social para el municipio y sus pobladores.
Zdero fue tajante al cuestionar la herencia administrativa: señaló que el convenio rubricado durante el mandato de Jorge Capitanich ignoró la Ley 3877/93, la cual define el ejido municipal de Miraflores. Según el Ejecutivo actual, aquel acuerdo se realizó a espaldas del Municipio, del Concejo Deliberante y de la propia Legislatura provincial.
Los argumentos del Ejecutivo
El mandatario provincial fundamentó la decisión en tres pilares institucionales:
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Violación de la Autonomía: El avance sobre estas tierras sin participación local vulnera la independencia administrativa de Miraflores garantizada por la Carta Magna.
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Invasión de Competencias: Zdero remarcó que modificar o afectar el ejido municipal es una atribución exclusiva de la Legislatura provincial y no una facultad del Poder Ejecutivo mediante convenios directos.
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Paz Social: El Gobernador denunció un “uso político” del conflicto por parte de ciertos sectores y aseguró que la suspensión busca llevar tranquilidad tanto a las comunidades originarias como a los pobladores criollos.
“No se puede, a través de un convenio, violentar la ley ni la Constitución, ni avanzar sobre la autonomía municipal”, afirmó Zdero.
Búsqueda de soluciones alternativas
Lejos de cerrar la puerta al diálogo, el Gobierno informó que el Instituto de Tierras Fiscales ya se encuentra evaluando opciones para destrabar el conflicto. Entre las alternativas que se barajan, figura la posibilidad de ofrecer tierras de características similares que cumplan con el marco legal vigente, sin atropellar las facultades legislativas ni los derechos de los habitantes locales.
Con esta presentación ante la Fiscalía de Estado, la gestión provincial busca “seguridad jurídica” y una resolución definitiva que resguarde el patrimonio de Miraflores.
