MENDOZA, ARGENTINA. (10 de diciembre de 2025) – A pesar de una movilización social que congregó a miles de mendocinos en defensa del agua, la Legislatura provincial sancionó la ley que habilita la explotación de cobre mediante el Proyecto Minero San Jorge, impulsado por el gobernador radical Alfredo Cornejo. La aprobación se logró en el Senado con una amplia mayoría, ignorando los reclamos que alertan sobre el alto consumo hídrico y el riesgo ambiental que implica la minería metalífera en la provincia.
Desarrollo: Triunfo Gubernamental y Lamento Social
La jornada estuvo marcada por una multitudinaria marcha que recorrió más de 100 kilómetros, desde Uspallata hasta la capital, con columnas que también se sumaron desde el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. El objetivo era el mismo que hace 14 años: frenar la normativa que promueve la minería. Sin embargo, en esta ocasión, la movilización no logró impedir la sanción.
El resultado de la votación en el Senado fue contundente: 29 votos a favor, 6 en contra (cinco del kirchnerismo y uno ambientalista) y una abstención, reactivando la posibilidad de la explotación de cobre.
El activista Daniel Funes, referente de la lucha en defensa del agua, expresó su tristeza ante la decisión legislativa, señalando la “enfermedad” de las democracias cuando los legisladores parecen defender los intereses del Ejecutivo antes que la voluntad popular. Funes, quien ha liderado marchas que, según él, logran “suprimir la polarización” en Mendoza, lamentó que la provincia esté siendo “gobernada como una estancia de 1900”.
Postura del Gobierno: “No es un Cheque en Blanco”
Desde el Ejecutivo, la ministra de Energía local, Jimena Latorre, defendió la aprobación, asegurando que la ley sancionada “no representa un cheque en blanco” para la empresa responsable del Proyecto San Jorge.
No obstante, el proyecto avanza en un contexto político alineado, ya que el gobernador Cornejo es un aliado del presidente Javier Milei y ha solicitado la eliminación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que el Gobierno Nacional incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso.
Las Denuncias sobre el Impacto Ambiental y Social
La principal preocupación de las asambleas y activistas radica en la defensa del agua pura de la provincia, crucial en una zona árida como Mendoza. Las críticas al Proyecto San Jorge se sustentan en serias objeciones técnicas:
- Estudio de Impacto Ambiental Cuestionado: El estudio que respaldó la votación es calificado de “desprolijo” y sin fundamentos necesarios por varias instituciones, incluyendo al CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
- Riesgo de Toxicidad: La UNCuyo denunció que el proceso minero utilizará productos altamente tóxicos que, liberados por el viento o el agua, podrían contaminar los cauces de los ríos, poniendo en riesgo el suministro de agua para 1.400.000 personas.
- Empleo vs. Realidad: Funes desmiente las promesas de 5.000 puestos de trabajo, señalando que los estudios de impacto ambiental reales demuestran que solo se generarían 1.200 durante la construcción y unos 500 en la etapa operativa.
El activista también recordó la experiencia de Mendoza con el yacimiento cerrado de uranio Sierra Pintada, que dejó pasivos ambientales “gravísimos” y cuya reactivación fue frenada por la Corte Suprema.
A estas críticas se suma la denuncia de una “estrategia de comunicación de estigmatización” y persecución judicial desplegada por el gobierno, incluyendo la detención de manifestantes en protestas anteriores, lo que, según Funes, busca “obtener la licencia social ante el silencio de la gente”.
