El gobierno de Javier Milei ha atravesado días complicados debido a los incidentes de violencia en la protesta de jubilados frente al Congreso y a la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. A pesar de la tensión, desde su entorno destacan que mantendrán el rumbo y aseguran que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están prácticamente cerradas.
Economía y relación con el FMI
En el oficialismo confían en que el Directorio del FMI aprobará en las próximas semanas un nuevo programa de financiamiento. Argumentan que el gobierno ha logrado un ajuste fiscal significativo, superando incluso las expectativas del organismo. Según fuentes oficiales, en enero el Tesoro Nacional registró un superávit financiero de casi 600.000 millones de pesos, tendencia que continuará en febrero.
En este contexto, el equipo económico ha discutido con el FMI los posibles efectos de una crisis comercial internacional. La respuesta oficial es clara: en lugar de recurrir al gasto público, como en crisis anteriores, la estrategia será intensificar el ajuste fiscal y, si es necesario, retrasar la reducción de impuestos.
Milei sostiene que, a diferencia de acuerdos previos, este pacto con el FMI no servirá para encubrir un desbalance, sino para corregir problemas estructurales de la economía argentina.
Respuesta ante la crisis en Bahía Blanca
Ante la emergencia climática en Bahía Blanca, el gobierno dispuso una asistencia de 200.000 millones de pesos. Según fuentes cercanas al presidente, la decisión fue tomada tras una conversación con el intendente Federico Susbielles, con quien Milei mantuvo un diálogo institucional a pesar de sus diferencias políticas.
Desde el Ejecutivo destacan que el presidente evitó utilizar la tragedia con fines políticos, privilegiando el trabajo en soluciones concretas. En este sentido, la gestión desestimó los reclamos del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien solicitó destinar parte de los fondos del acuerdo con el FMI para la emergencia. Según la visión del oficialismo, estos recursos no pueden utilizarse con ese propósito, y acusan a Kicillof de politizar la crisis.
Además, el gobierno busca reformular el esquema de coparticipación federal para que Buenos Aires reciba una distribución más equitativa de recursos, promoviendo la competencia entre provincias a través de incentivos tributarios.
Conflicto social y riesgo de desestabilización
En el oficialismo observan con preocupación la creciente conflictividad social. Anticipan que la próxima marcha de jubilados podría ser aún más masiva y violenta. Consideran que la oposición ha encontrado en el rechazo a la represión del gobierno un factor unificador, con respaldo de sectores sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunció un paro nacional.
Desde la administración de Milei sostienen que estas protestas responden a la pérdida de privilegios de ciertos sectores y aseguran que no cambiarán el rumbo de su gestión. Confían en que la sociedad rechaza la violencia y que la actual administración tiene el respaldo necesario para impulsar un cambio estructural.
La estrategia oficial se enfocará en consolidar su discurso en redes sociales y fortalecer la “batalla cultural” contra lo que consideran políticas populistas del pasado.
