El anuncio de la implementación de los “Vouchers educativos” ha generado un debate sobre si realmente se trata de un subsidio directo a la educación privada o más bien de una forma de beca para familias de clase media que ya tienen sus colegios subvencionados. Aunque el término utilizado es el mismo que se promovió durante la campaña, algunos expertos consideran que la medida difiere del modelo chileno de vouchers. En lugar de asignar fondos directamente a las familias, como ocurre en otros países, este programa parece dirigirse específicamente a apoyar a aquellas que enfrentan dificultades financieras debido a los aumentos en las cuotas escolares. Según expertos consultados, este enfoque podría estar destinado a iniciar una conversación sobre la privatización de la educación, evitando el debate con las provincias y optando por subsidiar directamente a las familias.
Aunque el comunicado oficial evita mencionar la palabra “subsidio”, la realidad es que el programa tiene un efecto similar, proporcionando apoyo financiero a familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas con financiamiento estatal. A diferencia de otros sistemas de vouchers, donde los fondos se asignan a las instituciones educativas en función de la cantidad de alumnos, este programa busca ayudar directamente a las familias, especialmente a aquellas de clase media que enfrentan dificultades económicas.
El contexto en el que se implementa este programa es fundamental para comprender sus implicaciones. Con un deterioro en la educación pública y una serie de medidas que parecen favorecer la educación privada, algunos expertos ven esta iniciativa como parte de un proceso gradual hacia una mayor privatización del sistema educativo. La falta de medidas concretas a favor de la educación pública, según el Ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, sugiere que el gobierno está priorizando el apoyo a las escuelas privadas en lugar de fortalecer el sistema público.
Por otro lado, la creación de este programa también plantea preocupaciones sobre su impacto a largo plazo. Aunque inicialmente puede proporcionar alivio a las familias, algunos expertos advierten que podría sentar un precedente peligroso al establecer una asociación directa entre el Estado y las familias, eludiendo a las autoridades provinciales. Esta asociación, en línea con ideologías ultraliberales, refleja una tendencia hacia la descentralización y la promoción de la educación privada en detrimento del sistema público.
Desde una perspectiva sindical, la implementación de este programa es vista como una transferencia de recursos públicos al sector privado, mientras que se recortan los fondos destinados a la educación pública. Esto, según el sindicato Ctera, priva a las escuelas públicas de recursos necesarios para programas educativos importantes, como la extensión de la jornada escolar y la mejora de la infraestructura.
