Las universidades argentinas enfrentan una nueva ola de conflictos esta semana, con el inicio de un paro convocado por los sindicatos de docentes universitarios en protesta por la drástica caída de sus salarios, agravada por las políticas de ajuste implementadas por el presidente ultraderechista Javier Milei. El conflicto se intensifica en un contexto de creciente descontento en el sector educativo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las autoridades académicas del país, alertó sobre la alarmante situación, señalando una disminución del 45% en los salarios reales de los profesores universitarios entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Esta caída ha dejado a cerca del 50% de los trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza. “Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables”, expresó el CIN.
El paro, que comenzó este lunes, fue convocado por el Frente Sindical de Universidades, un grupo que reúne a los gremios de profesores y trabajadores no docentes. Las medidas de fuerza varían, con algunos sindicatos optando por una huelga de 24 horas y otros extendiéndola hasta 72 horas. Además, se anuncian nuevas medidas de protesta para la próxima semana. El lema central de la huelga es claro: “No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos”.
El Ministerio de Capital Humano, que supervisa el sistema educativo, respondió al paro señalando que “todos los sectores de la sociedad están poniendo el hombro” y defendió los incrementos salariales otorgados al personal universitario, argumentando que estos han sido superiores a los de otros empleados del Estado. Sin embargo, los sindicatos y las autoridades universitarias rechazaron estos aumentos por considerarlos insuficientes, ya que no alcanzan a compensar una inflación que superó el 120% en el mismo período.
La crisis salarial se agrava por la suspensión del sistema de garantía salarial que regía hasta finales de 2023, el cual aseguraba una compensación para los docentes que percibían salarios inferiores al mínimo acordado en las negociaciones nacionales. La eliminación de este mecanismo ha exacerbado la precariedad de muchos trabajadores del sector.
El conflicto actual se suma a una serie de tensiones previas entre el gobierno y la comunidad universitaria, que se manifestaron en abril con masivas protestas en todo el país contra los recortes en el financiamiento de las universidades. Aunque en esa ocasión el Ejecutivo se vio obligado a retroceder parcialmente, la disputa por los salarios de los docentes parece encaminada a una nueva escalada, con la posibilidad de una gran marcha universitaria prevista para mediados de septiembre.
En resumen, la comunidad universitaria argentina se encuentra en pie de lucha, exigiendo un reconocimiento y una solución a la grave crisis salarial que enfrentan, en un escenario de creciente tensión con el gobierno de Milei.
