La marcha del 24 de marzo en Argentina no solo evidencia la capacidad de movilización del peronismo y otros sectores vinculados a la memoria histórica, sino que también pone de relieve el renovado interés del gobierno en reabrir causas relacionadas con los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras.
En un paso clave hacia la búsqueda de justicia, el gobierno ha decidido desclasificar archivos de la ex SIDE sobre la represión ilegal. Sin embargo, es importante recordar que antes del golpe de 1976 ya se habían llevado a cabo procesos judiciales contra guerrilleros responsables de delitos. En 1973, el gobierno peronista decretó una amnistía que permitió la liberación de miles de detenidos, aunque en los primeros años de esa década también se realizaron juicios en su contra.
Con la vuelta de la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín derogó la autoamnistía impuesta por la última dictadura y promovió el enjuiciamiento tanto de los líderes militares como de los cabecillas guerrilleros. No obstante, el indulto otorgado por Carlos Menem en 1990 modificó el panorama al eximir de sus condenas tanto a militares como a integrantes de organizaciones armadas.
Desde 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se reactivaron los juicios y se dictaron nuevas condenas por crímenes de la dictadura. Sin embargo, el kirchnerismo adoptó una estrategia legal para impedir que los delitos de grupos guerrilleros fueran considerados crímenes de lesa humanidad, lo que permitió que muchos de estos casos prescribieran.
Familiares de víctimas de estos ataques continúan exigiendo justicia. Casos como el del Capitán Viola y el del Teniente Coronel Larrabure representan el pedido de reconocimiento de estos hechos.
El desafío judicial en Argentina radica en reabrir estos expedientes y determinar si los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras deben ser considerados de lesa humanidad.
En la actualidad, el gobierno de Javier Milei enfrenta el reto de llevar a juicio a antiguos dirigentes guerrilleros. La memoria de estos hechos sigue latente en la sociedad argentina, mientras la búsqueda de justicia y el debate histórico continúan abiertos.
