La multimillonaria disputa judicial por la reestatización de YPF ha dado un vuelco dramático. Tras el reciente revés en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el fondo Burford Capital analiza seriamente desistir de su apelación ante la Corte Suprema de EE.UU. El motivo no es la búsqueda de justicia, sino un frío cálculo financiero: el riesgo de perder millones en costas legales ante una derrota que hoy parece inevitable.
El error de Preska y la corrección de la Cámara
La jueza de primera instancia, Loretta Preska, había fallado inicialmente a favor de Burford, imponiendo a la Argentina una responsabilidad de casi US$ 16.000 millones (que con intereses trepaba a los 20.000 millones). Su argumento se centraba en que el estatuto de YPF de 1993 obligaba a una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el país no realizó en 2012.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones introdujo un criterio de realidad jurídica: la ley soberana nacional de Argentina tiene preeminencia sobre el estatuto de una empresa privada. Este “reto” histórico obliga a Preska a revisar su fallo, dejando a Burford sin el sustento legal que alimentaba su demanda.
Las cifras de un negocio “casi” redondo
A pesar del panorama adverso, Burford no se va con las manos vacías. El fondo aplicó una estrategia de “desafío al riesgo” que ya le reportó ganancias:
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Inversión inicial: Compró los derechos de la causa en Madrid por apenas US$ 15 millones.
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Venta de participaciones: A lo largo del juicio, vendió porcentajes de su posible éxito a otros inversores, recaudando unos US$ 236 millones.
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Resultado neto: Ya obtuvo una ganancia de aproximadamente US$ 221 millones, aunque representa una “migaja” frente a los miles de millones que ambicionaba. Los platos rotos los pagarán ahora los inversores externos que compraron esas acciones del juicio y que hoy enfrentan una pérdida total.
¿Por qué Burford no iría a la Corte Suprema?
Para un fondo que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE), mantener un litigio “muerto” es un drenaje de dólares injustificable.
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Costo de oportunidad: Seguir cuesta millones en abogados y lobby.
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Baja probabilidad: La Corte Suprema de EE.UU. rara vez toma estos casos, y si lo hiciera, suele alinearse con la Cámara de Apelaciones.
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Impacto contable: Una derrota definitiva en la instancia máxima sería un golpe durísimo para su balance financiero.
Conclusión: Un alivio político y financiero
Si la jueza Preska acata el criterio de la Cámara, la causa podría considerarse judicialmente terminada para la Argentina. Esto no solo evitaría un desembolso que pondría en jaque la economía nacional, sino que validaría la facultad del Estado para tomar decisiones soberanas sobre sus recursos energéticos sin quedar rehén de tecnicismos de mercado diseñados en los años 90.
