Desde su instauración en 1960, el embargo de Estados Unidos a Cuba ha afectado profundamente la economía cubana. Este conjunto de sanciones, iniciado bajo el gobierno de Dwight Eisenhower, fue una respuesta a la nacionalización de propiedades estadounidenses en Cuba tras el triunfo de la Revolución cubana. Las restricciones fueron ampliadas en 1962 por el presidente John F. Kennedy, quien extendió el embargo a las importaciones cubanas.
El embargo se intensificó en 1996 con la Ley Helms-Burton, que impide que sea levantado sin la autorización del Congreso estadounidense. Esta ley también penaliza a empresas extranjeras que comercian con Cuba, complicando las relaciones comerciales internacionales de la isla. A lo largo de los años, estas restricciones han contribuido al aislamiento económico de Cuba, limitando su acceso a financiamiento y elevando los costos de importación de bienes esenciales.
Durante el mandato de Barack Obama, algunas medidas del embargo fueron flexibilizadas, incluyendo la reanudación de vuelos y la apertura de la embajada estadounidense en La Habana. Sin embargo, estas flexibilizaciones fueron revertidas en gran parte bajo la administración de Donald Trump, quien volvió a incluir a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo y aumentó las restricciones de viaje.
El embargo ha provocado intensos debates. Para algunos analistas, como el profesor Eduardo Gamarra, el embargo ha sido un argumento que el gobierno cubano ha utilizado para justificar sus problemas económicos, mientras que otros consideran que las sanciones han exacerbado las dificultades económicas de la isla. Aun así, el embargo sigue siendo un obstáculo significativo, afectando tanto a la economía como a la vida cotidiana en Cuba.
Actualmente, China y España son algunos de los principales socios comerciales de Cuba, exportando productos esenciales como alimentos y medicinas. Sin embargo, la dependencia del país de las importaciones y el alto
