Buenos Aires. El repentino giro en la estrategia legislativa del oficialismo —que pasó de amenazar con vetar el Presupuesto a exigir su aprobación inmediata en el Senado— tiene una motivación financiera urgente: el ministro de Economía, Luis Caputo, no logró reunir los USD 4.700 millones necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de enero y necesita un marco legal para realizar un canje de bonos.
A pesar de los anuncios previos sobre supuestos financiamientos asegurados a través de bancos internacionales (REPO) y la activación de swaps con China y Estados Unidos, la realidad en las cuentas del Tesoro obligó a recalcular la hoja de ruta. Sin los dólares físicos en mano, el equipo económico trabaja contrarreloj junto al secretario de Finanzas, Alejandro Lew, para canjear al menos el 50% de los vencimientos inminentes.
La clave es el Artículo 56: Desarmar la “Ley Guzmán”
La urgencia de Caputo por aprobar el Presupuesto 2026 tal como llegó de Diputados radica específicamente en el Artículo 56. Este apartado posee una redacción técnica diseñada para eludir los candados de la llamada “Ley Guzmán” (Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública).
La normativa vigente establece que, para realizar un canje de deuda, el Estado debe mejorar al menos dos de tres condiciones: monto, tasa o plazo. La intención de Caputo es ofrecer a los acreedores tasas más altas (lo que encarece la deuda para el país) a cambio de estirar los plazos de pago. Como esto violaría la ley actual, necesita que el Congreso apruebe el Artículo 56 para tener las manos libres y evitar el default técnico en enero.
Tensión política y la estrategia del “Decretazo”
El apuro financiero expuso las fracturas internas en el oficialismo y los errores de cálculo político. La agresiva estrategia inicial de Caputo, que incluyó el intento de derogar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad dentro del Capítulo 11 del Presupuesto, terminó dinamitando los acuerdos con los gobernadores y provocó la caída de dicho capítulo en la Cámara de Diputados.
“Caputo no entiende de política”, se lamentan desde el bloque libertario, señalando que la intransigencia del ministro puso en riesgo la herramienta que él mismo necesita para manejar la deuda.
Ante este escenario, y con el Capítulo 11 ya rechazado por el Legislativo, en la Casa Rosada analizan una jugada de alto riesgo institucional: esperar a que se sancione el Presupuesto para luego emitir un decreto (DNU) que anule las leyes de financiamiento educativo y de discapacidad, imponiendo por vía administrativa el ajuste que el Congreso les negó.
Riesgos legales: La sombra de YPF
Además de la ingeniería financiera y política, el equipo económico enfrenta un frente judicial complejo. Los abogados del ministerio trabajan en el diseño de los nuevos bonos del canje para blindarlos ante posibles embargos derivados del juicio por la expropiación de YPF, un factor que añade incertidumbre a la operación que Caputo pretende cerrar antes de fin de año.
