Los Ángeles, California – Una profunda “crisis política e institucional” se ha desatado en California, donde más de cien personas han sido arrestadas en medio de intensas protestas contra las recientes redadas migratorias. La situación se ha agravado por la controversial orden del presidente Donald Trump de enviar tropas federales a Los Ángeles sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, lo que ha generado enfrentamientos y denuncias de uso desproporcionado de la fuerza.
Las manifestaciones, que comenzaron el viernes tras una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en áreas con gran población latina, escalaron a lo largo del fin de semana. A pesar de que muchas protestas fueron pacíficas, se reportaron incidentes de violencia y saqueos. La respuesta de las autoridades ha sido contundente, con el uso de balas de goma y granadas de percusión para dispersar a las multitudes. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
Despliegue Federal y Conflicto con las Autoridades Locales
El presidente Trump ha defendido su decisión de desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional (hasta 4,000) y 700 marines en Los Ángeles, calificando las protestas como “terribles” y un “acto de rebelión”. Esta es la primera vez en décadas que un presidente activa la Guardia Nacional sin la solicitud del gobernador de un estado, una medida que ha sido calificada de “ilegal”, “inmoral” e “inconstitucional” por el gobernador Newsom.
Newsom ha presentado una demanda contra la administración Trump para bloquear el despliegue militar, argumentando que viola la soberanía estatal y la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU., así como la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas activas involucrarse en la aplicación de la ley civil. Alcaldes como Karen Bass de Los Ángeles también han criticado la intervención federal, señalando que la situación no justificaba una respuesta militar y que la presencia de tropas solo ha “creado desorden y caos”.
Impacto en Civiles, Policía y Prensa
Durante los enfrentamientos, se ha reportado que civiles y periodistas han sido afectados por el uso de gases lacrimógenos y “municiones menos letales”. La Oficina de Estándares Profesionales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) está investigando si se utilizó fuerza excesiva. Algunos de los cargos que enfrentan los arrestados incluyen intento de asesinato con cóctel molotov, agresión a un oficial de policía, saqueo y no dispersarse.
La situación ha generado una fuerte condena de grupos como Amnistía Internacional USA, que calificó el despliegue de tropas como “profundamente alarmante” y una muestra de la disposición de la administración Trump a “apuntar y castigar a quienes defienden los derechos humanos”. Hacen un llamado a poner fin a las deportaciones masivas y a construir un sistema de inmigración “justo, humano y que respete los derechos”.
Mientras tanto, la Casa Blanca defiende la medida, argumentando que la intervención militar fue necesaria para controlar la situación y proteger las instalaciones federales de inmigración. El costo estimado del despliegue de tropas en Los Ángeles es de 134 millones de dólares.
