Institucional en virtud de un convenio firmado entre la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y el Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia. El acuerdo tiene como objetivo facilitar el acceso a información relacionada con casos de violencia institucional, permitiendo la creación de un banco de datos que facilite el manejo de denuncias y garantice la seguridad de la información sensible.
Bajo este convenio, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros transferirá la base de datos de casos de violencia institucional y la “Plataforma de Violencia Institucional” al Comité, unificando los sistemas de registro, sistematización y seguimiento de casos que anteriormente operaban por separado en ambas instituciones.
La subsecretaria de Derechos Humanos expresó que este registro unificado proporcionará un diagnóstico más preciso, permitirá intervenciones más coordinadas y dispersas, y brindará información a víctimas, organizaciones, universidades y diferentes áreas del Estado para abordar la erradicación de la violencia institucional en la provincia.
Este movimiento estratégico responde a recomendaciones de organismos internacionales y busca cumplir con las funciones del Órgano Rector del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura. Según el abogado y miembro del CPTCH, Kevin Nielsen, la existencia y unificación de registros de casos de violencia institucional es una demanda de la comunidad internacional y representa el primer paso para erradicarla.
El convenio garantiza la transferencia segura de la información, asegurando la integridad de los datos sensibles. Además, establece la creación de un Registro Único Provincial que integrará los sistemas de registro, sistematización y seguimiento de casos de violencia institucional, permitiendo un enfoque integral y eficaz.
El Comité se compromete a preservar la confidencialidad de la información sensible y a compartir información sobre casos de violencia institucional con la comunidad, cumpliendo su mandato de promover la prevención de la tortura y malos tratos.
En conclusión, este convenio representa un compromiso para consolidar sistemas efectivos que aborden la violencia institucional, promoviendo la transparencia, la protección de los derechos humanos y la eliminación de prácticas que afecten la dignidad de las personas.
