El padre de estos hermanos, quien era el jefe de los choferes en la entidad, ha sido trasladado a otro departamento mientras se lleva a cabo una investigación. Los dos empleados judiciales enfrentan múltiples acusaciones por su participación en una banda delictiva que secuestraba narcotraficantes y criminales, exigiendo rescates equivalentes a las ganancias de sus actividades ilegales.
Uno de los hermanos desempeñaba el rol de chofer en el Consejo de la Magistratura, mientras que el otro realizaba labores de vigilancia en el organismo. Ambos fueron arrestados y posteriormente suspendidos de sus funciones. El padre, Sebastián Más, quien ocupaba un puesto relevante en el área de choferes del Consejo, ha sido removido de su cargo y reubicado mientras se desarrolla la investigación.
Los empleados suspendidos fueron identificados como Matías Nahuel Más y Juan Jesús Más, según la resolución 28 de 2023 firmada por la vicepresidenta Agustina Diaz Cordero. Los cargos presentados por el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, incluyen acusaciones de asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado, robo agravado en banda y con armas, así como secuestro agravado de un menor.
El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, será el encargado de determinar la situación legal de los hermanos, quienes supuestamente formaban parte de una banda compuesta por al menos 10 personas.
El informe presentado por Díaz Cordero señala la gravedad de los delitos imputados, subrayando la condición de funcionarios públicos de los detenidos y resaltando la posible implicación de un vehículo oficial del Consejo de la Magistratura en al menos uno de los secuestros.
La investigación se originó a raíz de un robo “entradera” en una vivienda en Buenos Aires en enero. A partir de este suceso, se descubrió una organización de secuestradores que tenía como blanco a criminales y narcotraficantes, confiando en que estos no denunciarían los secuestros.
La banda tenía información privilegiada sobre los botines de sus víctimas, lo que les permitía llevar a cabo secuestros precisos. La policía logró intervenir los teléfonos de los empleados del Consejo de la Magistratura detenidos y utilizó otras herramientas de investigación para desmantelar la banda y liberar a las víctimas secuestradas.
La fiscalía sigue investigando la organización criminal y sospecha que podría haber más personas involucradas en la banda, sugiriendo que la obtención de información privilegiada sobre las actividades ilegales de los secuestrados es crucial para llevar a cabo estos robos dirigidos.
