El Gobierno intenta acelerar el tratamiento de la ley durante el receso, pero choca con la resistencia de los mandatarios provinciales que temen la desfinanciación vía Ganancias. En paralelo, la Casa Rosada negocia con la cúpula de la CGT mientras el fantasma del rechazo al DNU de la SIDE amenaza las sesiones extraordinarias.

Por Marcelo Mache (Análisis)

El gobierno de Javier Milei aprovecha el letargo de enero para intentar destrabar, en los despachos, lo que se le complica en el recinto: la pospuesta Reforma Laboral. Sin embargo, la hoja de ruta libertaria enfrenta obstáculos significativos. El más urgente es el frente fiscal abierto con las provincias, donde la modificación del Impuesto a las Ganancias amenaza con recortar los envíos automáticos de coparticipación, un punto innegociable para los gobernadores.

A esto se suma la desconfianza parlamentaria: en el oficialismo temen que convocar a sesiones extraordinarias abra la puerta a una embestida opositora contra el DNU que reforzó los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

El límite de la “motosierra”

Tras el espaldarazo de las elecciones de medio término, la narrativa oficial prometía un avance arrollador con un paquete de reformas estructurales (laboral, tributaria y penal). Sin embargo, la realidad legislativa ha expuesto las limitaciones y la debilidad política del Ejecutivo para imponer tiempos.

La reforma laboral, cuyo tratamiento se pateó para febrero, y la reforma tributaria, que parece venir en “cuotas”, evidencian que el “todo o nada” discursivo está cediendo ante la necesidad de negociación.

La batalla por la caja: Ganancias y Coparticipación

El nudo del conflicto con los mandatarios provinciales —tanto aliados como opositores— es matemático. El proyecto oficial propone reducir alícuotas para sociedades en los tramos más altos y eximir del tributo a los alquileres habitacionales.

Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), estas modificaciones tendrían un costo fiscal anual directo del 0,22% del PBI (equivalente a $1,9 billones). El problema radica en la distribución de ese costo: la Nación solo absorbería $790.000 millones, trasladando el grueso del ajuste a las arcas provinciales. En un contexto donde la obra pública nacional está paralizada y los giros discrecionales son casi nulos, los gobernadores se niegan a ceder el último bastión de sus recursos: la coparticipación.

El factor sindical y la negociación a puertas cerradas

Mientras tanto, el Gobierno activa canales de diálogo con lo que se denomina la “burocracia sindical”. La estrategia oficial parece clara: negociar la supervivencia de los privilegios de la cúpula (como los descuentos compulsivos) a cambio de que la CGT deje pasar reformas que afectan las bases del poder gremial, como los convenios nacionales y el derecho a huelga.

Esta dinámica expone una contradicción flagrante en la gestión libertaria: el gobierno que prometió terminar con la “casta” se ve obligado a sentarse a negociar, artículo por artículo, con los gobernadores y las cúpulas sindicales para salvar su agenda legislativa.

Conclusión: Entre la retórica y la realidad

Lo que se observa en este enero caliente no es la imposición de una agenda reformista unilateral, sino un gobierno forzado al pragmatismo. La demora en los proyectos y el “tome y saca” constante revelan que, para aprobar la reforma laboral y sostener el ajuste, el oficialismo depende de acuerdos que licúan su discurso original. Queda por ver si la respuesta de los sectores afectados se limitará a la negociación de cúpulas o si se traducirá en una deliberación más amplia en los lugares de trabajo para frenar la ofensiva.