Se han presentado objeciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 en diversos ámbitos judiciales y jurisdicciones. Claudio Lozano, la CTA Autónoma, ATE y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad exigen en Comodoro Py que el gobierno demuestre haber seguido el procedimiento adecuado antes de emitir el decreto. La disputa por la jurisdicción de origen.
El gobierno de Javier Milei tiene el deber de defender, en un plazo de tres días, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado la semana pasada, que busca desregular la economía y el ámbito laboral. Esta decisión fue tomada por el juez José Ignacio Ramonet, quien rechazó la solicitud de la Confederación General del Trabajo (CGT) de emitir una medida cautelar, pero decidió avanzar en la solicitud presentada por el sindicato ante la justicia.
Movilización y judicialización parecen ser las estrategias de la CGT frente al extenso DNU de Milei. Este miércoles, la CGT, junto con las dos CTA, ocupó la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, mientras que en los tribunales laborales se desarrollaba el amparo presentado por los triunviros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, representados por el abogado Pablo Topet.
La CGT busca que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70 por considerarlo un ataque a la separación de poderes, y además, argumenta que afecta especialmente a los trabajadores. Daer, Moyano y Acuña afirman en su presentación que la reforma laboral incluida en el DNU representa un retroceso sustancial en la protección laboral y un debilitamiento significativo de los derechos sindicales.
El juez Ramonet tomó tres decisiones clave. En primer lugar, rechazó la emisión de una medida cautelar provisional, ya que considera que el DNU aún no está vigente y entraría en efecto el 29 de diciembre. Aclaró que esta decisión no implica una posición sobre la validez constitucional del decreto en cuestión.
En segundo lugar, notificó al Poder Ejecutivo Nacional a través de la Jefatura de Gabinete para que responda en un plazo de tres días. Es posible que la CGT tenga que solicitar la habilitación de la feria, ya que Ramonet señaló que él no tiene la autoridad para hacerlo. La representación del Ejecutivo estará a cargo de la Procuración del Tesoro, dirigida por el abogado Rodolfo Barra, quien justifica el DNU en la situación actual del país.
En tercer lugar, el juez Ramonet declaró la competencia del fuero laboral para abordar esta disputa con el gobierno de Milei y sugirió que las acciones colectivas se desagreguen por fuero especializado.
Esta decisión del juez parece ser una respuesta a lo sucedido el fin de semana, cuando el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari consideró que la presentación de Claudio Lozano (Unidad Popular), junto con la CTA Autónoma, ATE y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, podría tramitarse como un amparo colectivo. Furnari ordenó inscribir el planteo como un proceso colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional, lo que podría atraer otras presentaciones contra el DNU de Milei.
La pelea por la competencia será crucial, ya que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires también presentó una solicitud ante los tribunales federales platenses y pidió ser excluida del proceso colectivo que se tramita en el fuero contencioso administrativo.
En las últimas horas, el fiscal de la demanda ante Furnari, Miguel Ángel Gilligan, se notificó de la decisión sobre el amparo colectivo y anunció que no asumirá la calidad de parte en el pleito, sino que se pronunciará sobre la competencia del fuero contencioso administrativo y sobre el fondo del planteo.
En este caso, Lozano, la CTA, ATE y el Observatorio también argumentaron que Milei busca una transformación profunda sin recurrir al Congreso y sin la participación ciudadana en asuntos de relevancia pública. La Asociación Exigir se presentó como tercera parte en este expediente y señaló una anomalía: el DNU indica que la canciller Diana Mondino lo firmó desde Buenos Aires cuando no se encontraba en el país.
Simultáneamente, se presentó una denuncia penal que quedó a cargo del juzgado federal de Sebastián Ramos. Lozano, Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A), Rodolfo Aguiar (ATE) y Jonatan Baldiviezo (Observatorio) acusan a Milei de abuso de autoridad y de arrogarse la suma del poder público, algo prohibido por la Constitución, que lo cataloga como traición a la patria.
En la denuncia, solicitan que el Poder Judicial requiera información a Milei sobre el expediente del DNU 70 y cada uno de los dictámenes ministeriales que respaldaron la firma del decreto, para determinar si fue una acción del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) o si intervinieron particulares ajenos a la administración pública. Una rareza del DNU es que se atribuye al economista Federico Sturzenegger, quien no ocupa ningún cargo en el gobierno de Milei. Además, se ha mencionado la participación de estudios jurídicos de la City porteña en su redacción.
En el fuero contencioso administrativo también se tramita el amparo presentado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que, según él, el DNU 70/2023 junto con el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” constituyen un intento encubierto de reforma constitucional sin seguir el mecanismo establecido por la Constitución.
Una rareza del proyecto es que en su artículo 654 dispone la ratificación del DNU 70, lo que, según Gil Domínguez, habilita su tratamiento durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo y permite que un juez dicte una medida cautelar.
