LA PLATA, Buenos Aires — En una escalada del conflicto entre el gobierno nacional y las provincias, la administración bonaerense, liderada por Axel Kicillof, anunció que presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar una deuda de $12.1 billones de pesos. La provincia acusa al gobierno de Javier Milei de llevar a cabo una política de “asfixia económica” que ha paralizado obras y programas sociales esenciales.
El anuncio, realizado por el propio gobernador Kicillof, se suma a presentaciones similares de otras provincias y evidencia la profunda tensión financiera entre el poder central y los gobiernos regionales. Según el mandatario provincial, la deuda acumulada por la Nación con Buenos Aires se divide en tres grandes categorías: deudas directas con la provincia, saldos impagos de obras públicas y la discontinuidad de programas nacionales.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, detalló que la presentación ante el máximo tribunal buscará que la Corte se declare competente para entender en la causa y convoque a una audiencia entre las partes. La deuda directa, que asciende a $3 billones de pesos, incluye transferencias de la ANSES, compensaciones fiscales y fondos destinados a áreas críticas como la salud y la educación.
Uno de los puntos más álgidos del reclamo es la paralización de más de 1,000 obras públicas en los 135 municipios de la provincia, que el gobernador atribuye a una decisión política del gobierno nacional para “quebrar a las provincias”. Estas obras inconclusas van desde escuelas y hospitales hasta rutas, afectando directamente la vida de miles de bonaerenses. Kicillof denunció que el gobierno de Milei ha abandonado la inversión en infraestructura y programas de desarrollo urbano que beneficiaban a más de medio millón de personas.
El reclamo también abarca la discontinuidad de programas financiados por la Nación, cuya deuda se estima en $2.2 billones de pesos. Entre los programas afectados se encuentran el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el de Compensación del Transporte Público y la asistencia a comedores, así como la provisión de medicamentos y la asistencia a clubes y programas de empleo.
El gobierno bonaerense insiste en que esta no es una deuda entre gobiernos, sino una deuda con “el bienestar del pueblo de la provincia”. La acción judicial ante la Corte Suprema representa un intento por revertir lo que la provincia considera un ahogamiento financiero deliberado que compromete servicios públicos y el futuro de sus habitantes.
