Ya que la Cámara de Diputados ha decidido suspender la sesión y retomarla a las 10 de la mañana de este viernes. Este proyecto, destacado como fundamental por Milei, ha sido objeto de atención debido a las propuestas de modificación en el capítulo de privatizaciones por parte del oficialismo, buscando ganar el respaldo de la oposición dialoguista.
Durante la tumultuosa sesión del jueves, se vivieron momentos de tensión a raíz de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes de izquierda que se oponen a la iniciativa, congregándose frente al Congreso.
Según informes de la agencia Télam, el Gobierno cuenta con el respaldo de alrededor de 143 diputados para la aprobación general del dictamen, con la contribución de 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina.
En relación con las privatizaciones, La Libertad Avanza ha propuesto eliminar nueve empresas estatales de la lista original, estableciendo nuevos requisitos para la participación del Congreso en las licitaciones de estas entidades públicas. Entre las empresas excluidas de la privatización se encuentran el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A, Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En el documento que contiene estas modificaciones, el Gobierno sostiene la privatización parcial del Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, así como de otras 27 empresas, que incluyen a Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras. Este nuevo enfoque presenta un capítulo dividido en tres artículos con sus respectivos anexos, diferenciando entre las empresas a privatizar en su totalidad y aquellas sujetas a privatizaciones parciales, evitando un rechazo generalizado de las ventas de empresas públicas.
