Tras el fracaso del proyecto de ley integral, el Gobierno está considerando un plan alternativo: implementar por medio de decretos varios de los artículos rechazados por el Congreso. La frustración del Presidente por el desempeño en la Cámara de Diputados se manifestó con críticas hacia varios líderes provinciales, con quienes ha cortado la comunicación. La búsqueda de “traidores” podría alcanzar al director de ANSES, Osvaldo Giordano, y a otros funcionarios ejecutivos vinculados al movimiento político de Córdoba.
Inicialmente, hubo una reacción impulsiva que sugirió medidas punitivas. A través de su cuenta personal de Twitter, Javier Milei expresó su enojo desde Israel al compartir una lista de diputados “traidores” que contribuyeron al fracaso del proyecto de ley integral, así como otro listado que señalaba a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, como responsables de la derrota. El círculo cercano al Presidente considera terminar cualquier tipo de diálogo con ellos y otros líderes provinciales que previamente se esperaba que fueran aliados del gobierno.
Como parte de esta ruptura incipiente, podría considerarse la destitución del director de ANSES, Osvaldo Giordano, quien representa al cordobesismo. Además, se ha retomado la idea de gobernar a través de decretos. En la Casa Rosada no descartan implementar, mediante nuevos DNUs, algunas de las medidas contenidas en los artículos rechazados por el Congreso, una opción que se había considerado como plan B desde diciembre pasado en caso de que la megaley no fuera aprobada.
El enfoque sería enviar por decreto todos los puntos del paquete que puedan ser implementados únicamente con la firma del Ejecutivo. Varios funcionarios han abierto la puerta a esta posibilidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que después del fracaso de la ley, “ahora hay que seguir otro camino”. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, respaldó esta idea al afirmar que el Presidente aplicará su programa “con las herramientas que la Constitución le permite”.
El ministro sin cartera, Federico Sturzenegger, había mencionado en una entrevista en diciembre pasado que tanto el primer mega DNU como el proyecto de “bases” representaban “apenas un 40 por ciento” del programa de “reconfiguración de la estructura del poder económico en Argentina”. Sin embargo, el primer intento enfrentó fuertes críticas en la justicia, especialmente en lo referente a la reforma laboral. Por lo tanto, queda por ver cuánto del paquete rechazado de la megaley puede seguir este camino sin encontrar obstáculos similares.
Después del fracaso legislativo, el diputado libertario Carlos D’Alessandro anticipó que el proyecto de Bases “será retirado por el Ejecutivo” y que el Gobierno “no planea enviar ninguna ley durante 2024”, lo que significa que prescindirá del Congreso. Más tarde, Milei confirmó esta decisión en una entrevista en TN y afirmó que no le interesa que “se siga debatiendo” el proyecto en Diputados. Además, lanzó acusaciones de traición contra los gobernadores, afirmando que el proyecto fue saboteado debido a la reducción significativa de los fondos discrecionales para las provincias.
La ira del Ejecutivo después del revés se dirigió no solo a Llaryora y Pullaro, sino también a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Jujuy, Carlos Sadir. Sin embargo, el conflicto personal con el gobernador de Córdoba es evidente. De hecho, se especulaba sobre la renuncia de Giordano, así como de otros funcionarios vinculados al mandatario cordobés que ocupan cargos en el gobierno, como el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, entre otros.
Para Milei, tener al enemigo “traidor” dentro de su propia casa es inaceptable. Así lo expresó al compartir un mensaje en Twitter que pedía la destitución inmediata de Giordano por ser un “traidor”, especialmente porque su esposa, la diputada de Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres, votó en contra de las facultades delegadas. La diputada respondió al Presidente, expresando su descontento por la idea de que las esposas de los políticos no puedan tener opiniones independientes.
El enfrentamiento directo con los gobernadores dificulta los esfuerzos de construcción de puentes que ha intentado el ministro de Interior, Guillermo Francos. Aunque criticó a los diputados que “acordaron una cosa y luego votaron otra”, el ministro intentó calmar la confrontación al afirmar que no se siente traicionado por nadie.
