Buenos Aires, Argentina – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dado luz verde a un acuerdo de financiación de 10.000 millones de dólares para diversos proyectos en Argentina, plasmado en su documento “Estrategia País”. Sin embargo, este aval viene acompañado de un análisis crítico de la situación nacional, poniendo el foco en el gasto público, el rol del sector privado y el panorama social del país.
El informe del BID, si bien destaca las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, no omite señalar los riesgos potenciales para la ejecución de la estrategia. Se identifican principalmente riesgos de naturaleza fiscal, del sector externo y políticos, asociados a la posición de liquidez externa y a la necesidad de mayorías legislativas.
Una de las principales advertencias del organismo es que “los tiempos de reformas clave pueden extenderse por falta de mayoría en el Congreso y la potencial fatiga social ante medidas de ajuste”. También se alerta sobre la posibilidad de “shocks externos que deterioren los términos de intercambio y las condiciones financieras internacionales”, lo que podría impactar en los costos operativos, el espacio fiscal y las inversiones privadas.
Para mitigar estos riesgos, el BID propone fortalecer la agenda social, mejorar el sistema de protección social y diseminar los resultados esperados para facilitar el diálogo y el consenso. En cuanto a los riesgos de liquidez externa, se plantea un monitoreo regular, el apoyo al cumplimiento de los compromisos, la facilitación del uso y desarrollo de instrumentos de cobertura, y el apoyo al mercado de capitales local y el acceso a instrumentos contracíclicos.
Los Desafíos Fiscales y las Ineficiencias del Gasto Público
El BID subraya que Argentina enfrenta “importantes desafíos fiscales” debido a la expansión del gasto público acumulada entre 2002 y 2023. Este aumento, que llevó el gasto público consolidado del 29% al 42% del PIB, se financió mediante el incremento de la presión tributaria, deuda y emisión monetaria, derivando en inestabilidad macroeconómica, inflación creciente y recurrentes crisis de deuda y sector externo hasta 2023.
El informe detalla que el crecimiento del gasto fue impulsado principalmente por el gasto social (+8.4 puntos porcentuales del PIB), las transferencias al sector privado (incluyendo prestaciones sociales, +3.6 p.p.), y los subsidios energéticos (+1.8 p.p.) y de transporte (+1.3 p.p.).
Además, el organismo destaca “ineficiencias asignativas y técnicas”, como el aumento del gasto social sesgado hacia personas de edad avanzada en detrimento de la primera infancia, y los subsidios económicos en energía y transporte. Se menciona también el incremento del gasto en funcionamiento del Estado (+1.3 p.p. del PIB) y el déficit de las empresas estatales, que en 2021 requirió una asistencia financiera equivalente al 1.5% del PIB. Uno de los “principales factores de ineficiencia asignativa” es el alto nivel de gasto en jubilaciones y pensiones, que pasó del 5.6% del PIB en 2005 al 9.8% en 2023.
Presión Tributaria Elevada y Bajo Nivel de Inversión
El documento del BID también aborda la cuestión de los impuestos. Se estima que el gasto tributario para 2024 asciende al 3.48% del PIB, de los cuales un 0.4% corresponde a regímenes de promoción económica.
Ante esta situación, en 2024 se inició un proceso de consolidación fiscal que logró reducir el gasto del Sector Público Nacional en 4.3 puntos porcentuales del PIB, concentrándose en el ajuste de subsidios económicos, transferencias a provincias, salarios, gastos de capital y jubilaciones y pensiones.
En cuanto a los recursos, el BID señala que Argentina padece una elevada presión tributaria debido a la implementación de “impuestos distorsivos”. En las últimas dos décadas, la presión tributaria federal y provincial se incrementó del 16% al 25% del PIB y del 3% al 5% del PIB, respectivamente.
Este contexto, según el organismo, “desincentiva el ahorro y la inversión privada”, manteniéndolos por debajo de los niveles de países comparables (16% del PIB en 2023, detrás de Brasil, Chile y Uruguay). La deficiencia en la calidad institucional y regulatoria, reflejada en el deterioro de los indicadores de gobernanza en los últimos 20 años, representa un obstáculo adicional para mejorar la eficiencia fiscal del país.
Los déficits fiscales primarios recurrentes (entre 0.1% y 6.4% del PIB entre 2009 y 2023) han contribuido a una inestabilidad que ha afectado principalmente a la población de menores ingresos. La deuda soberana escaló del 39% del PIB en 2011 al 157% en 2023, y la inflación fluctuó entre el 7% en 2009 y el 211% en 2023.
Frente a este panorama, el acuerdo con el BID contempla:
- Apoyar la Reforma Fiscal.
- Mejorar la eficiencia técnica y asignativa del gasto público.
- Fortalecer la Administración Tributaria Federal.
Preocupante Deterioro Social y Desafíos en Áreas Clave
El BID enfatiza que “la pobreza se ve afectada de modo significativo por la inestabilidad macroeconómica, en particular por la inflación y el freno al crecimiento”. La tasa de pobreza ha oscilado entre el 25% y el 50% en los últimos 20 años.
El documento detalla que el proceso de corrección de desequilibrios macroeconómicos iniciado en diciembre de 2024, aunque necesario, estuvo asociado a un salto inflacionario y contracción económica iniciales. Esto contribuyó a que el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza alcanzara el 52.9% en el primer semestre de 2024, mientras que la tasa de indigencia se situó en el 18.1%.
Aunque la recuperación de la actividad económica y de los salarios reales desde mayo de 2024 está revirtiendo en parte esta suba de la pobreza, la situación sigue siendo “igualmente elevada”, con un 38.1% de la población y un 28.6% de los hogares en condición de pobreza. Los salarios reales formales e informales aún se ubican un 27% y 47% respectivamente debajo de los máximos de 2017.
El informe destaca que Argentina enfrenta una alta vulnerabilidad a la pobreza y una pobreza crónica asociada a la elevada informalidad laboral, estimando que más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años son pobres. Además, existe una marcada dispersión geográfica de la pobreza, con mayor incidencia en las regiones Nordeste y Noroeste, y en el conurbano bonaerense.
El BID evalúa que los programas de transferencias condicionadas a hogares con niños y embarazadas tienen alta cobertura y buena focalización, con impacto en la reducción de la pobreza extrema. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en el diseño para evitar superposiciones, inequidades y eficientizar los procesos de verificación. La tasa de informalidad de los asalariados supera el 36%.
El sistema de protección social en Argentina, aunque con alta cobertura y eficacia, se considera fragmentado e ineficiente. El BID sugiere su racionalización y la reducción de la fragmentación para contribuir a una mejora en la eficiencia asignativa del gasto social, en un contexto de necesidad de consolidación fiscal.
El organismo también resalta los déficits en la calidad educativa, profundizados por la pandemia y “marcados en todos los indicadores”. El retroceso en alfabetización es “particularmente relevante”, evidenciado por el aumento del porcentaje de estudiantes de 3er grado que no alcanzan el nivel mínimo de competencia en comprensión lectora. La evaluación Aprender muestra un deterioro en el desempeño de los alumnos de 6to grado entre 2022 y 2023, tanto en Lengua como en Matemática.
En el ámbito de la salud, el BID indica que Argentina presenta déficits en atención primaria, cobertura médica, incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y fragmentación e ineficiencia del gasto. A pesar de un alto nivel de gasto global en salud (10%), superior al promedio de América Latina, los resultados sanitarios son menores a los esperables, alcanzando solo el 61% del potencial de mejora. Se destaca la carencia de indicadores y mecanismos para monitorear y evaluar la calidad de los servicios de manera sistemática.
La inseguridad también es identificada como uno de los principales problemas, a pesar de que Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región (4.4 por 100.000 habitantes en 2023). Sin embargo, existen “marcadas diferencias” en el interior del país, como Santa Fe y Rosario, donde las tasas son significativamente mayores. La violencia doméstica constituye el 97% de las situaciones reportadas a nivel nacional. Además, se registra un “crecimiento significativo de la población carcelaria” (47% en cinco años), lo que se traduce en altas tasas de hacinamiento y deterioro de las condiciones de vida. Todo esto, según el BID, “conlleva a que exista una alta desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia”.
Finalmente, el documento señala un aumento de hogares residiendo en condiciones de informalidad urbana y con déficit en cobertura y calidad de agua y saneamiento. El déficit habitacional urbano es del 38.1%, y aunque la cobertura de agua de red pública alcanza el 89.7%, la de cloacas es solo del 71.5%.
Los objetivos del BID en estas áreas clave son:
- Mejorar la efectividad y eficiencia del sistema de protección social.
- Lograr un sistema de salud más equitativo, eficiente y centrado en la población.
- Apoyar la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y el desarrollo de habilidades digitales.
- Impulsar proyectos de integración urbana para mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales.
- Mejorar la calidad de los servicios de movilidad urbana.
- Expandir el acceso a los servicios de agua y saneamiento.
- Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia.
