Al menos ocho recursos legales han sido presentados ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el gobierno de Javier Milei. Estos amparos, distribuidos en diversos juzgados tras el sorteo correspondiente, buscan impugnar la normativa de desregulación económica y solicitan medidas cautelares para suspender sus efectos hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la presunta inconstitucionalidad del mencionado decreto.
En una de estas presentaciones, llevada a cabo por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se asignó un nuevo juzgado, el Contencioso Administrativo Federal 7, después de que el letrado objetara al magistrado inicialmente designado, Juan Pablo Cayssials, según informaron fuentes judiciales.
Gil Domínguez interpuso una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra el DNU 70/2023, publicado el 21 de diciembre en el Boletín Oficial. La demanda incluye una solicitud de medida cautelar para suspender los efectos del decreto hasta que se pronuncie una sentencia definitiva.
Esta no es la primera acción legal presentada, ya que la semana pasada la “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad” interpuso un amparo colectivo, admitido por el juez Esteban Furnari, quien dio lugar a la intervención de la fiscalía para determinar la competencia del juzgado.
Además, el ex titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, presentó un amparo junto con otros cuatro recursos, suscritos por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos y Norma Castro, durante la jornada del martes.
En su argumentación, el abogado Gil Domínguez sostuvo que el DNU viola varios artículos de la Constitución argentina y solicitó que se declare su inconstitucionalidad y nulidad absoluta. También instó a la emisión de una medida cautelar para suspender sus efectos hasta que se dicte una sentencia definitiva, denunciando que el Poder Ejecutivo Nacional ha utilizado este mecanismo de legislación excepcional de manera abusiva, desviando el poder y buscando una reforma constitucional indirecta.
