La respuesta de la calle a la huelga general y la debilidad parlamentaria del presidente argentino subrayan la necesidad de consenso para llevar a cabo los cambios radicales propuestos.
El miércoles, Javier Milei, presidente argentino, se enfrentó a la primera advertencia popular. La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, lideró una huelga general contra el plan de recortes del político ultraliberal, manifestándose en las principales ciudades del país. En Buenos Aires, decenas de miles de personas se unieron, y el seguimiento del paro alcanzó el 80%, representando unos cinco millones de afiliados a nivel nacional, según los organizadores. Aunque la movilización no logró paralizar el país en pleno verano austral, los trabajadores y opositores enviaron un claro mensaje de repudio al presidente por desmantelar el Estado y los servicios públicos, un gesto que el Gobierno menospreció.
Con apenas un mes en el cargo, Milei, tras imponer numerosas medidas mediante un megadecreto que elimina controles estatales y permite la privatización, se encuentra negociando después de enfrentarse a la protesta. Mientras los manifestantes clamaban “la patria no se vende” ante el Congreso, el legislativo iniciaba los trámites de la ley ómnibus, un proyecto para modificar profundamente la estructura política, económica y social. A pesar de no contar con mayoría en ambas Cámaras, el oficialismo logró apoyo para avanzar en el proceso parlamentario, revisando incluso la delegación de facultades extraordinarias al Gobierno.
El futuro de la ley en el Congreso sigue siendo incierto, dado que la coalición en el poder, conformada por ultraderecha y neoliberales de Mauricio Macri, carece de mayoría. Sin embargo, será crucial observar los próximos movimientos de Milei para evaluar la verdadera magnitud de sus intenciones. En medio de una inflación del 211,4% en 2023 y un aumento del 25,5% en diciembre, los argentinos no necesitan un quiebre en la arquitectura institucional ni más incertidumbre, calificada por él mismo como “anarcocapitalista”.
Es evidente que Argentina requiere reformas ambiciosas para superar la crisis, pero un asalto a las instituciones y al consenso democrático solo empeoraría la situación económica y dividiría a la sociedad. Como presidente, Milei debe escuchar a la ciudadanía y comprometerse a negociar medidas significativas que impliquen cambios estructurales. La prioridad urgente es gobernar, y el presidente haría bien en dejar de lado la demagogia y el tono incendiario de su discurso, reconociendo que es hora de adoptar la realpolitik.
