Este episodio se suma a una serie de engaños por parte del gobierno de Javier Milei en este asunto. En febrero, se prometió una recomposición del presupuesto universitario que nunca se materializó.
El propósito detrás de esta falsa afirmación parece ser confundir y disminuir la atención del público ante una inminente movilización programada para el día siguiente. Esta marcha ha adoptado un carácter político evidente, y en el círculo de Milei comienzan a preocuparse por sus posibles repercusiones.
El gobierno nacional ha optado por desfinanciar las universidades públicas como un medio para forzar un cambio estratégico, según palabras de Hernán Camarero. Esto marcaría el inicio de una política regresiva que eventualmente podría eliminar el financiamiento estatal a las universidades públicas, un objetivo de largo tiempo de los partidarios del ajuste.
El presupuesto inicial para las universidades nacionales en 2023 ascendió a $5,1 billones. Sin embargo, este monto no fue ajustado para compensar la inflación del 211,4% experimentada ese año. Por lo tanto, al comenzar el año siguiente, esos $5,1 billones equivalían a apenas el 28% de lo que las universidades necesitarían para el año.
¿Cuál fue el supuesto aumento anunciado recientemente por el gobierno? Se trataba de dos incrementos: un aumento del 140% en dos cuotas de 70% cada una, sobre la base de enero, destinado al ítem de funcionamiento, y la duplicación del monto destinado a hospitales universitarios. Sin embargo, estos incrementos afectan apenas al 7% del gasto total, lo que apenas eleva el presupuesto universitario al 30% de lo que fue en 2023.
Sin embargo, estos incrementos no garantizan el funcionamiento continuo de las universidades hasta fin de año, simplemente extienden su viabilidad por unos meses más. El grueso del presupuesto se destina a los salarios de docentes y no docentes, que representan el 85% del gasto total. Estos salarios han perdido el 50% de su poder adquisitivo desde marzo de 2023, y la propuesta de aumento del gobierno del 8% ha sido rechazada por los trabajadores universitarios.
María Monza, economista e integrante del Centro de Investigación de Economía Nacional, señala que los salarios continúan sin recibir un aumento en las partidas presupuestarias, lo cual es crucial. Además, critica la demora en la entrega del aumento y la disparidad entre la oferta del gobierno y la inflación real.
Por otro lado, el gobierno ha intentado justificar la reducción del presupuesto universitario mediante una auditoría. Sin embargo, esta explicación resulta poco convincente y refleja la falta de claridad del gobierno en cuanto a sus decisiones y políticas.
