El cual busca una desregulación económica bajo la declaración de “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Este decreto implica reformas sustanciales al Estado y abarca una serie de cambios significativos.
Denominado “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina”, el DNU fue presentado por Milei y su equipo de ministros en cadena nacional el pasado 20 de diciembre y, después de ser publicado en el Boletín Oficial en la madrugada del jueves 21, ha entrado en vigor según lo estipulado por ley, ocho días después, es decir, este viernes 29 de diciembre.
Este audaz movimiento del Gobierno contempla la abolición de leyes como las de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, así como la flexibilización del mercado laboral y el camino hacia la privatización de empresas públicas, entre otras reformas detalladas en los 366 artículos del extenso documento de 83 páginas.
A pesar de la oposición expresada por la Confederación General del Trabajo (CGT), los movimientos sociales y una porción de la sociedad civil que ha protestado contra las primeras medidas de Milei, el DNU ahora se someterá al análisis de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso. Este organismo, compuesto por ocho diputados y ocho senadores, emitirá un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto, el cual luego será evaluado por ambas cámaras.
En esta fase, el DNU puede ser aceptado o rechazado por mayoría absoluta de los presentes, sin posibilidad de modificaciones ni agregados. Si ninguna cámara lo trata, permanecerá en vigencia. En caso de aceptación por una cámara y rechazo por la otra, continuará vigente. Solo se anulará si recibe rechazo tanto en Diputados como en el Senado. La Corte Suprema de Justicia también tiene la facultad de anularlo, aunque el DNU permanece efectivo hasta que se tome una decisión en ese sentido.
Anticipando posibles obstáculos, el Poder Ejecutivo incorporó el mega decreto en la Ley Ómnibus recientemente enviada al Congreso. El artículo 654 del proyecto ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, asegurando así una vía adicional de debate en caso de rechazo por parte de la Bicameral de Tratamiento Legislativo. No obstante, La Libertad Avanza aún necesita obtener mayoría en ambas Cámaras para su aprobación, ya que Diputados y el Senado pueden respaldar la ley en general pero rechazar este artículo en particular.
El martes, Milei planteó la posibilidad de una consulta popular en caso de que el Poder Legislativo rechace el decreto, argumentando que el “megadecreto” cuenta con más del 75% de aprobación y cuestionando por qué el Congreso se opondría a algo beneficioso para la población.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ha introducido cambios significativos tanto en la legislación como en la vida cotidiana de los argentinos. Bajo el título “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, el primer artículo declara una emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025.
El artículo 2° del DNU destaca la promoción de un sistema económico basado en decisiones libres y en un ámbito de libre concurrencia. Se prevé una amplia desregulación en el comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, eliminando restricciones a la oferta de bienes y servicios.
El Gobierno Nacional busca una mayor inserción en el comercio mundial, comprometiéndose a adoptar estándares internacionales y a armonizar el régimen interno con otros países, especialmente dentro del Mercosur y otras organizaciones internacionales.
El título 2 del DNU aborda la desregulación económica, derogando leyes como la de Promoción Comercial, Góndolas, Abastecimiento, Observatorio de Precios, Locación de Inmuebles, y otras. Se destaca la transformación de empresas del Estado en Sociedades Anónimas, eliminando prerrogativas de derecho público para aquellas en las que el Estado sea accionista.
En cuanto a la política aeronáutica, se busca sustituir disposiciones relativas a la cesión de paquetes accionarios de Aerolíneas Argentinas y se promueve una política de aviación civil que permita el crecimiento bajo principios de seguridad y libertad de mercado.
El título 4 del DNU incluye cambios en leyes laborales, modificando aspectos como el período de prueba, la posibilidad de acuerdos indemnizatorios distintos en la negociación colectiva, y la restricción del derecho a huelga en actividades consideradas esenciales.
En materia de comercio exterior, se limitan los controles de la Aduana, estableciendo que solo podrán establecerse prohibiciones o restricciones por motivos económicos mediante Ley.
El DNU también deroga la Ley de Tierras, eliminando restricciones a la venta de tierras a extranjeros, y modifica la legislación relacionada con la actividad minera, vitivinícola, algodonera y de promoción industrial.
En energía, se deroga el decreto que establecía plazos máximos para contratos de abastecimiento exclusivo de combustibles. Se faculta a la Secretaría de Energía a redeterminar subsidios para energía eléctrica y gas.
El DNU incluye cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando límites a la multiplicidad de licencias a nivel nacional. También se deroga la Ley de Alquileres, volviendo a regirse por el Código Civil y Comercial de 2015.
En salud privada, se permite a los afiliados a prepagas decidir a qué empresa van la totalidad de sus aportes, eliminando la intermediación de obras sociales sindicales. Se establece la receta electrónica para agilizar el servicio y se modifica el régimen de empresas farmacéuticas.
El DNU desregula la actividad turística, buscando una mayor competencia entre empresas del sector. También introduce cambios en los registros del automotor, promoviendo la digitalización del trámite.
Estos cambios representan una transformación significativa en diversas áreas, generando reacciones mixtas en la sociedad y dando lugar a manifestaciones y cuestionamientos.
