En el reciente referendo en Chile, se sometía a evaluación no solo la aceptación o rechazo de un regresivo proyecto constitucional, sino también un primer ensayo de la disposición de fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2025. Afortunadamente, los resultados de las urnas frustraron la nueva propuesta constitucional, infligiendo un duro revés a las expectativas de la derecha neofascista de liderar las próximas elecciones presidenciales. En caso de que la opción “A Favor” hubiera triunfado, el ultraconservador Partido Republicano y su líder, José Antonio Kast, habrían iniciado rápidamente la campaña presidencial, intentando capitalizar la decisión del pueblo chileno y generando desorganización y desconcierto entre los sectores democráticos y progresistas.
Tras conocerse los resultados, algunas voces, en muchos casos malintencionadas, afirmaron que la población había ratificado la Constitución de Pinochet con su voto. Esta conclusión no solo es maliciosa sino también incorrecta, ya que la Constitución de Pinochet no estaba en juego en este referendo. Es importante recordar que en 2020, el 78 por ciento de la población chilena votó en contra de esa constitución. El objetivo de este referendo era decidir si la nueva propuesta, gestada en los círculos de poder oligárquico chileno, sería aceptada por la población. El veredicto fue contundente: la opción “En Contra” ganó con un 56 por ciento de los votos, a pesar de las intensas campañas de desinformación, resignación e incentivo al ausentismo lanzadas desesperadamente por la derecha.
Aunque el voto es ahora obligatorio en Chile, la alta tasa de participación del 88 por ciento indica el fracaso de la campaña de la derecha y la saludable voluntad de participar expresada este domingo. En resumen, se rechazó una constitución que vulneraba derechos sociales y laborales fundamentales, respaldaba la mercantilización total del medio ambiente, debilitaba la soberanía nacional sobre los bienes comunes, garantizaba la impunidad en temas de derechos humanos y recortaba significativamente los derechos de las mujeres y de las diversas identidades de género.
En definitiva, se rechazó una propuesta viciada tanto en lo procesal por su gestación antidemocrática como en lo sustancial por recortar derechos y garantías presentes en la Constitución de 1980. Esta última, a pesar de sus 69 leyes de reforma en el período postdictatorial, mantenía la filosofía reaccionaria de su redactor, Jaime Guzmán Errázuriz. La propuesta actual, concebida por los sectores libertarios, representaba un retroceso significativo que afortunadamente fue abortado gracias a la derrota de la opción “A Favor”.
Chile enfrentará en los próximos años el desafío de redactar una Constitución auténticamente democrática, libre de las influencias pinochetistas y de las aspiraciones restauradoras y autoritarias de su poderosa élite y la partidocracia que la representa. Aunque esta transformación no ocurrirá durante el mandato de Gabriel Boric, es una tarea pendiente que debe abordarse con prontitud en el próximo ciclo presidencial, requiriendo esfuerzos considerables de concientización y organización por parte de las fuerzas democráticas y populares. Mientras tanto, es momento de celebrar, no porque se haya elegido algo positivo, sino porque el pueblo chileno sabiamente evitó que algo malo fuera reemplazado por algo aún peor. Además, desde este lado de los Andes, se evitó que una victoria de la ultraderecha en Chile potenciara el “salvajismo de mercado” del anarcocapitalismo argentino.
