En conjunto con las medidas económicas anunciadas, el Gobierno ha introducido una serie de normativas que buscan limitar las protestas en el espacio público y facultar a las fuerzas de seguridad a intervenir sin necesidad de una orden judicial. La ministra Patricia Bullrich advirtió de manera contundente: “No toleraremos cortes de rutas o calles”. Organismos de derechos humanos y juristas señalan que el denominado “protocolo antipiquete” no respeta derechos fundamentales y garantías contempladas tanto en la Constitución como en estándares internacionales.
En respuesta al anuncio gubernamental sobre las próximas medidas de ajuste y el consecuente aumento de la conflictividad social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un nuevo protocolo destinado a permitir a las fuerzas de seguridad reprimir protestas en las calles. Argumentando la necesidad de establecer “orden” y garantizar la circulación “sin perturbaciones”, Bullrich detalló las nuevas reglas que buscan prohibir manifestaciones contra las políticas de la administración de Javier Milei y otorgan a las fuerzas federales la capacidad de actuar sin necesidad de una orden judicial. “Los cortes llegarán a su fin”, advirtió Bullrich respecto a movilizaciones que puedan obstaculizar el tránsito, incluso aquellas que permitan el desplazamiento del transporte de manera pacífica. De manera preocupante, se anunció la identificación y sanción de “autores, cómplices, instigadores y organizadores”, así como el registro de las organizaciones que participan en protestas en el espacio público, a las cuales se les hará responsables de los costos de los operativos. Esto plantea una clara amenaza de persecución y fomenta la posibilidad de violencia institucional.
Al concluir su presentación, Bullrich destacó que el nuevo “Protocolo para el mantenimiento del orden público” derogaba el “protocolo garantista de Nilda Garré” de mayo de 2011. Este último se fundamentaba en la incorporación de estándares de derechos humanos como guía y límite inquebrantable para las intervenciones del Estado, priorizando la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente. Bullrich parece despreciar el término “garantismo” a pesar de que implica el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que la derogación del protocolo anterior limita las restricciones a la fuerza policial después de incidentes como los asesinatos de manifestantes en 2001 y 2002, así como en el Parque Indoamericano en 2010. Esto representa no solo una limitación a la fuerza policial sino también una autorización para ejercer violencia contra los manifestantes.
Nilda Garré, consultada por Página/12, explicó que el protocolo que diseñó se basaba en la Constitución Nacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el Código de Conducta de la ONU de 1979. La exministra destacó la prohibición del uso de armas letales y la gestión de conflictos sin recurrir a la represión, resaltando la diferencia de enfoque del actual gobierno, que parece priorizar el orden público sobre la seguridad.
El protocolo Bullrich presentado por la ministra en su conferencia incluye varias disposiciones controvertidas:
- Se prohíben cortes de rutas o calles, y las fuerzas federales, junto con el Servicio Penitenciario Nacional, actuarán ante cualquier bloqueo.
- Bullrich aplicará el artículo 194 del Código Penal ante cualquier obstrucción al normal funcionamiento de transporte o servicios públicos, hasta que se promulgue una nueva ley.
- Las fuerzas federales podrán intervenir en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en casos excepcionales de grave peligro, incluso sin orden judicial.
- El protocolo establece el uso de la fuerza mínima necesaria, especialmente en presencia de grupos vulnerables, pero Bullrich amenaza con consecuencias severas para quienes utilicen a niños como “escudos humanos”.
- Se busca identificar a los participantes, detener legalmente cuando sea necesario, registrar organizaciones y enviarles facturas por los costos de los operativos.
- Se realizará un monitoreo en estaciones de tren para identificar personas con materiales potencialmente peligrosos.
- Se notificará a los jueces sobre daños ambientales causados por quema de neumáticos u otras sustancias contaminantes durante las protestas.
Este cambio en la regulación de las protestas representa un retroceso en términos de derechos fundamentales y establece un clima de temor en la sociedad, criminalizando la expresión y la manifestación pacífica.