Después de que la empresa anunciara su retirada de la concesión del transporte urbano en Corrientes, la municipalidad está trabajando para garantizar la movilidad de los usuarios. Ante la decisión del Grupo Ersa de dejar de operar debido a la discrepancia entre los costos de prestación y las tarifas, la municipalidad está explorando alternativas para que los ciudadanos puedan seguir utilizando el transporte público.
El Municipio de Corrientes está evaluando la posibilidad de mantener la continuidad del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, a raíz del comunicado emitido ayer por el Grupo Ersa, que anunció su retiro debido a la brecha económica entre los costos de operación y las tarifas. La municipalidad busca soluciones para permitir que los usuarios sigan utilizando el transporte público después de que la empresa actual, que tiene la mayor flota en la capital correntina, decidiera dejar de operar después de 60 años de servicio. Fuentes municipales indicaron que están trabajando en encontrar una solución y reservan sus opiniones hasta que haya una resolución sobre el tema.
En caso de que se concrete, según lo estipulado en el artículo 87 del contrato entre las partes, el Municipio podría exigir que la empresa concesionaria mantenga las unidades de transporte durante un período de hasta 6 meses a partir de la fecha de notificación, con el fin de garantizar el servicio en la ciudad de Corrientes.
El comunicado de Ersa destaca el “incumplimiento del contrato de concesión” y advierte que las condiciones serán aún menos favorables en 2024, al tiempo que alerta sobre la pérdida de casi 1000 puestos de trabajo tras su retirada. Este anuncio se produce un día después del paro de transporte de la Unión Tranviarios y Automotor (UTA), que se extendió desde la medianoche del jueves hasta la tarde de ese día.
Anteriormente, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la provincia había emitido una conciliación obligatoria, advirtiendo que, si la medida de fuerza continuaba, la municipalidad podría asumir la responsabilidad del servicio o administrarlo directamente para garantizar la prestación del transporte público de pasajeros, respaldándose en los pliegos de la licitación.
