La mayoría de los gastos son en efectivo y no se reportan a las autoridades judiciales. En las áreas más problemáticas, se requiere un doble turno de activistas para evitar el robo de papeletas y el control de los registros.
Los aspirantes presidenciales movilizarán a cientos de miles de voluntarios para vigilar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Esto supondrá un esfuerzo costoso, con un gasto de miles de millones de pesos, en su mayoría no declarados, que se utilizarán para cubrir gastos de viaje, comidas, suministros y transporte, entre otros aspectos. Esto fue confirmado por representantes de los principales equipos de campaña a LA NACION.
Los números son esenciales. En el próximo domingo se instalarán 104,577 mesas en 16,950 lugares en todo el país, donde se espera la participación de 35,394,425 votantes, según los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral. Esto implica que cada candidato necesita entre 60,000 y 120,000 fiscales, según estimaciones de diferentes grupos.
Esta necesidad se aplica a todos los candidatos. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich competirán como rivales en una elección general, sin compartir fiscales, excepto en contadas excepciones como Mendoza, donde el radicalismo trabajará para ambos. Tampoco compartirán fiscales Sergio Massa y Juan Grabois. ¿Y Javier Milei? Muestra desconfianza hacia todos, temiendo que “la élite” pueda robar sus papeletas donde no tenga sus propios representantes.
No obstante, el costo total de esta movilización de fiscales sigue siendo un enigma. Esto se debe, entre otras razones, a que la operación se financiará con fondos no informados a las autoridades electorales y porque algunos equipos gestionan esto de manera descentralizada, por provincias, regiones o incluso municipios. Además, ciertos grupos cuentan con una base más sólida de militantes dispuestos a trabajar sin pago que otros.
Para supervisar el proceso, cada candidato ha designado a un responsable máximo de la convocatoria y capacitación, así como para coordinar la logística con los responsables locales en cada provincia o distrito. En el caso de Rodríguez Larreta, esto corresponde a Eduardo Macchiavelli; en el caso de Bullrich, a Paula Bertol; en el equipo de Massa, a María Teresa García; y Milei ha designado al consultor Fernando Cerimedo.
Sin embargo, junto a uno de los principales candidatos presidenciales, se esbozaron cifras generales en conversación con LA NACION, bajo confidencialidad. Se indicó que la cifra “ideal” ronda los 128,000 fiscales, quienes supervisarán cada mesa o actuarán como jefes locales de votación o de “área”, que abarca varias mesas, en el caso de zonas problemáticas que requieren una mayor presencia.
En algunas mesas o centros de votación, también se considera necesario contar con dos turnos. “Es importante tener fiscales que lleguen ‘frescos’ por la tarde a los centros de votación más disputados o problemáticos para participar en el recuento y luchar por cada voto hasta altas horas de la noche si es necesario”, señaló a LA NACION un abogado involucrado en la organización de varias elecciones.
Por supuesto, hay muchos matices. ¿Un ejemplo? Las campañas costean el transporte de los fiscales en las áreas más complicadas. Pero en algunos municipios, el transporte es gratuito para los fiscales que apoyan al intendente, ya que los vehículos no oficiales deben estar disponibles ese día. ¿Otro ejemplo? En provincias como Entre Ríos o Mendoza, cobrar por supervisar es inusual o mal visto. ¿Y otro más? Algunos equipos incluso proporcionarán bolígrafos, borradores y reglas, junto con una copia del registro de votantes de la mesa asignada. ¿Otro ejemplo adicional? Algunos candidatos que están seguros de su elección, como aquellos que encabezan las listas de legisladores, costean personalmente las comidas en su circunscripción a cuenta de las dietas que recibirán a partir de diciembre.
En términos generales, sin embargo, junto a uno de los principales candidatos estimaron que cada fiscal recibirá entre 8000 y 9000 pesos, mientras que los encargados locales o de “áreas” podrían recibir hasta $12,000. Esto resultaría en un total de entre 1000 y 1150 millones de pesos solo para las PASO, sin incluir alimentación ni transporte. Puede parecer mucho, pero al tipo de cambio “blue”, esto equivale a unos US$2 millones, cuando la contienda costará entre 80 y 100 millones de dólares por candidato este año.
“Después dependerá de las decisiones que tome cada equipo o de lo que puedan hacer con el dinero y las oportunidades disponibles”, señaló un experto que ha manejado los números de cuatro campañas nacionales ante LA NACION. “Algunos se basan más en militantes y voluntarios, y es cierto que en algunas provincias no se cobra por la supervisión, pero la realidad es que el voluntariado no existe en áreas problemáticas. Las personas no van o se retiran. Ahí es donde se necesitan fiscales con experiencia previa que estén dispuestos a quedarse hasta el final”.
En esta línea, el director de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, prevé un domingo de “larga duración”, con retrasos en el escrutinio debido a la gran cantidad de categorías en juego, especialmente en el estratégico territorio de Buenos Aires, que representa casi el 40% del padrón electoral, sumado a la combinación mixta de votación en la Ciudad de Buenos Aires. Esto complicará el proceso y podría ocasionar demoras.
¿Qué responsabilidades podrían recaer sobre los fiscales, incluso hasta altas horas de la noche? Las tareas son diversas. Entre otras:
- Asegurarse de que las papeletas estén siempre disponibles en el recinto de votación. Esto es crucial. ¿Por qué? “Porque pueden ocurrir todo tipo de cosas”, resumió otro veterano de las elecciones a LA NACION. “Desde votantes que se llevan las papeletas del oponente escondidas en sus ropas hasta aquel
los que las rompen o las ocultan detrás de los armarios en las aulas”, compartió. Estos riesgos llevan a que cada candidato imprima papeletas suficientes para cubrir dos o hasta tres registros electorales completos, además de las proporcionadas por el Estado. Mientras que en otros países suele haber alrededor de 1.3 papeletas por votante, en Argentina esta cifra aumenta a 3 o 4 papeletas por elector. Y es importante mencionar: cada impresión de papeletas cuesta cientos de millones de pesos.
