El juicio está siendo presidido por la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, y está programado para durar tres días. Según Sebastián Maril, un experto en el caso, esta sentencia representa la mayor condena económica impuesta a un país soberano en la historia de los tribunales de Estados Unidos. En marzo, la petrolera fue exonerada de las acusaciones.
Esta demanda ha transcurrido durante aproximadamente ocho años y ahora será resuelta en tres días. Durante esta semana, se conocerá la cantidad que el Estado argentino deberá pagar por la expropiación de YPF, que fue ordenada por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en 2012.
La jueza Loretta Preska determinará el monto de la compensación que el Estado argentino deberá otorgar. La empresa Burford será la beneficiaria de este pago; es una compañía que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en adquirir juicios. Hace años adquirió el caso de YPF, se presentó ante los tribunales de Nueva York y ahora reclamará su recompensa.
En marzo de este año, la jueza Preska concluyó que la petrolera estatal no era culpable, despejando las acusaciones en su contra. La demanda ahora se centra en determinar el monto de compensación que se debe otorgar.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el tema, destacó en Twitter que el rango de pago establecido es de USD 4.999 millones a USD 16.100 millones. Él se encuentra presente en Nueva York para presenciar el juicio y resalta que esta sentencia representa la mayor condena económica impuesta a un país soberano en la historia de los tribunales estadounidenses.
El juicio de tres días dirigido por Preska analizará técnicamente para determinar el monto final a pagar. Según Maril, gran parte de la suma (USD 7.600 millones) dependerá de la tasa de interés aplicable que decida la Juez Preska, oscilando entre 0% y 8%.
Desde que comenzó la demanda, Argentina ha acumulado seis fallos en contra, recibiendo reveses en los años 2016 y 2023. Incluso intentó apelar ante la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. en 2019, pero su solicitud fue rechazada, respaldando las acciones de Preska. El proceso inició durante el gobierno de Cristina Kirchner, continuó durante la administración de Mauricio Macri y ahora se está definiendo bajo la gestión de Alberto Fernández.
Se ha comparado la actuación de Burford Capital con la de un “fondo buitre”, ya que compró los derechos de litigar contra YPF y el Estado argentino a dos ex accionistas privados de la petrolera: Eton y dos empresas quebradas de Petersen, que en el momento del juicio ya no formaban parte del Grupo Petersen de Argentina. Su argumento se centró en que YPF debía realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios y no solo negociar con el socio mayoritario, la española Repsol, durante la expropiación.
Después de un período de caída en su valor, con mínimos inferiores a 3 dólares en 2022, las acciones de YPF han experimentado un aumento del 70%, situándose en la actualidad por encima de los 15 dólares en Wall Street, donde cotiza desde hace 30 años. En 2005, llegó a alcanzar un valor cercano a los 70 dólares.
En abril, YPF también obtuvo una sentencia favorable en Estados Unidos, logrando un acuerdo en el caso Maxus, una petrolera estadounidense que YPF adquirió en 1995 y que posteriormente fue acusada de contaminación. Las indemnizaciones proyectadas ascendían a unos USD 14.000 millones, pero la petrolera local y su ex socia Repsol acordaron pagar cada una USD 287,5 millones, equivalente al 2% del potencial de la demanda, sin admitir responsabilidades y quedando exentas de culpas.
