En una decisión que marca un quiebre político, el gobernador Osvaldo Jaldo removió a la cúpula que respondía al diputado Carlos Cisneros. Guillermo Norry y Antonio Bustamante asumen hoy la conducción, en medio de fuertes denuncias por desvío de mercadería social y manejos irregulares de fondos millonarios.

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – El gobernador Osvaldo Jaldo ha decidido intervenir quirúrgicamente una de las estructuras financieras más importantes de la provincia. Este viernes, a las 10:00 horas, el mandatario encabezará en Casa de Gobierno el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA), poniendo fin a la gestión de funcionarios leales al diputado nacional y líder de La Bancaria, Carlos Cisneros.

La medida implica la salida inmediata del interventor José Díaz y del subinterventor Darío Amatti, identificados como alfiles del “cisnerismo”. En su lugar, el Poder Ejecutivo designó a Guillermo Norry, quien se desempeñaba como interventor en el municipio de Juan Bautista Alberdi, y a Antonio Bustamante, expresidente del Colegio de Abogados.

El detonante político: “Se les fue la mano”

El recambio no es meramente administrativo; responde a una fractura política expuesta. El miércoles pasado, Jaldo ofreció una contundente conferencia de prensa donde denunció “operaciones” mediáticas en su contra, referidas a la difusión de fotos de un viaje familiar.

“Mi licencia no le ha costado un solo centavo al Gobierno de la Provincia. Nadie más puede opinar sobre lo que hago con mi familia”, sentenció el gobernador.

Sin nombrar explícitamente a Cisneros, Jaldo apuntó contra “personajes de esta querida provincia” que incentivan ataques en medios nacionales. “Se les fue la mano esta vez”, advirtió, anticipando que las identidades de los responsables saldrían a la luz. La remoción de la cúpula de la CPA se lee hoy como la respuesta institucional a esa escalada.

El trasfondo judicial: La ruta de la mercadería desviada

La salida de Díaz y Amatti se da en un contexto de graves acusaciones judiciales. El pasado 15 de noviembre, se presentó una denuncia penal por peculado y asociación ilícita relacionada con el desvío de $26.791.604 en mercadería destinada a ayuda social.

La investigación apunta a un circuito irregular entre el Ministerio de Desarrollo Social y la CPA:

  • El mecanismo: La exministra Lorena Málaga autorizaba entregas de alimentos, chapas y muebles a la Caja Popular, una entidad financiera que no tiene competencia legal ni función social para recibir estos bienes.

  • Los involucrados: Entre los señalados figuran el legislador y exsubinterventor Hugo Guillermo Ledesma (cuñado de Cisneros) y el saliente interventor José Díaz.

  • La evidencia: El Tribunal de Cuentas (Acuerdos 5.140 y 5.184) detectó la falta de convenios, notas de pedido y, lo más grave, la inexistencia de beneficiarios finales. Bienes como arroz, leche y camas cuchetas fueron retirados por empleados de la CPA y su destino final es desconocido.

La “Caja negra” del juego y la salud pública

Más allá del escándalo de la mercadería, investigaciones periodísticas recientes de eltucumano.com expusieron el manejo histórico de los fondos del juego en la provincia, administrados por el sector de Cisneros desde hace décadas.

Documentos contables revelan una discrepancia multimillonaria en los aportes que la CPA debe realizar por ley al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). La normativa exige transferir el 25% del resultado bruto del juego a los hospitales. Sin embargo, los balances indican transferencias históricas muy inferiores (apenas el 3.7% en 2002, por ejemplo).

Las estimaciones sugieren que, en los últimos 30 años, el sistema de salud tucumano dejó de percibir aproximadamente USD 2.100 millones que debieron destinarse a infraestructura y atención médica, mientras la Caja movilizó cifras siderales sin un control público efectivo.

Con la asunción de Norry y Bustamante, el gobierno de Jaldo busca retomar el control de los recursos y depurar una institución clave, hoy bajo la lupa de la Justicia Federal.